— Redacción Diario El Pueblo —

Por: Carlos Meneses

“Los problemas de la minería deben ser enfrentados en forma tal que el beneficiado sea el país y no otro interés subalterno”.

Que el Perú es un país rico no tiene lugar a duda alguna, fuimos privilegiados por la riqueza que está bajo nuestro suelo. Debiéramos ser un pueblo consciente de que su explotación adecuada a modernas tecnologías y al disfrute de bondades que sea consecuencia de tal riqueza es indiscutible, pero ocurre que hoy, en estos momentos, en el sur del país se vive una situación preocupante.

Tenemos proyectos de inversión que superan los 50 mil millones de dólares más hay desaliento para quienes estaban proyectando colocar dinero de países que tienen el deseo de venir a trabajar en el Perú, respetando normas de protección a la naturaleza y permitiendo el desarrollo de sectores abandonados como la Educación y Salud.

El gobierno tiene la obligación de recuperar lo que por derecho corresponda a los pueblos alrededor de asientos mineros, pero también la de evitar la comisión de abusos como los que se registran en Las Bambas, en Cuajone, y en otros lugares de la República o que también pueden apreciarse en casos como el de Repsol que sigue sin esclarecerse ni castigarse a los responsables.

Un gobierno es fuerte en la medida en que hace cumplir la ley vigente o la que se requiera por ser necesaria. Nadie quiere excesos sino lo justo y lo que sea imprescindible para el disfrute de los humanos que viven donde está la mina.

En el caso del sur tenemos preocupación fundada, sabemos que puede haber más inversión para atender las deudas que se están generando, atender la epidemia y el desempleo existente.