Por: Christian Capuñay Reátegui.

El cambio de la Constitución de 1993 es uno de los puntos más controversiales en el universo de la política nacional.

Desde la perspectiva de izquierda, es necesaria una nueva Carta Magna, entre otros puntos, para otorgarle al Estado un papel más activo en el control de la economía. Quienes defienden tal planteamiento señalan que si no existiera el férreo marco constitucional que lo limita a un papel subsidiario, el Estado podría intervenir directamente, y ya no solo a través de regulaciones, con miras a corregir distorsiones, inequidades e injusticias que el modelo actual permite.

La centroderecha y la derecha más radical defiende la tesis de que la Constitución de 1993 sentó las bases del crecimiento económico logrado por el Perú en las últimas décadas. Además, cualquier intento por modificarla generará incertidumbre y un efecto devastador en la confianza del país como destino seguro para las inversiones.

Desde mi punto de vista, existe un argumento a favor de esta modificación que ha dejado de discutirse y que quizá debería tener un peso igual a todas las razones expuestas antes. Y no gira en torno a una consideración económica. Se trata de recordar la incongruencia que representa para una nación que aspira a consolidar su democracia ser regida por una Constitución promovida durante un régimen autoritario que se caracterizó por socavar las bases de nuestra institucionalidad con fines políticos y que, además, la aprovechó para legitimarse tras el autogolpe del 5 de abril de 1992.

Es como si construyéramos un edificio de concreto armado sobre cimientos de adobe y quincha. Tarde o temprano la base cederá y la estructura se vendrá abajo.

Si, como dicen los especialistas, una Constitución es el pacto social que traza el camino por el cual transcurre un país, ese marco general no debería tener ninguna reminiscencia a un pasado autoritario porque ello desvirtúa la esencia de esa carta política. Por el contrario, tendría que ser el resultado de un consenso amplio sobre la pertinencia de alinear nuestra norma más importante con el objetivo de consolidar una democracia más estable.

Ese consenso, al parecer, no existiría en nuestros días. Y eso nos lleva a preguntarnos si el actual es un momento óptimo para buscar un cambio de tal envergadura. Quizá no lo sea, especialmente al tomar en cuenta que no hay los votos suficientes en el Congreso que aprueben la iniciativa presentada por el Ejecutivo a fin de convocar a un referéndum que permita a la población pronunciarse sobre si está de acuerdo con formar una asamblea constituyente.

En tal sentido, la oposición en el Parlamento ha sobrerreaccionado al proyecto de ley y dejado a la vista sus debilidades para erigirse como una alternativa seria. Si un gobierno acusado de incapaz logra evidenciar esta característica, ¿qué podemos pensar de este sector político?