— Redacción Diario El Pueblo —

La Defensoría del Pueblo instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a que observe el proyecto de ley aprobado por el Congreso y que «condiciona» la publicación de materiales educativos al consentimiento de padres y madres de familia.

En un comunicado, el organismo rechazó la aprobación de la propuesta legislativa, debido a que contraviene a la Constitución Política y no está alineada con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; la Política Nacional de Igualdad de Género; el Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los nuevos Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI).

Asimismo, no se condice con los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

«Solicitamos al presidente de la República que observe la propuesta normativa recientemente aprobada y solicite su archivo, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 108 de la Constitución y, principalmente, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en estricto respeto del principio del interés superior de la niñez y adolescencia», demandó.

La Defensoría del Pueblo consideró que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores, «constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues institucionalizaría –a través de una ley– un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas, y particularmente de las y los estudiantes».

«Además, ello desconocería el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional, pero sobre todo lo limitaría en la definición de los contenidos educativos», indicó.

Por otro lado, precisó que la Educación Sexual Integral (ESI), acorde con el segundo objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género, «contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia».

«Además, promueve la igualdad de género, permitiendo reducir o prevenir la violencia basada en el género, crear entornos de aprendizaje seguros e inclusivos, conforme lo ha señalado la Unesco», sostiene.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo aseguró que la aprobación de este proyecto «da la espalda a la dura realidad que enfrenta nuestro país y a los problemas que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños, y adolescentes, pues se les impediría el acceso a una educación libre de estereotipos y prejuicios de género».