Por: Roxana Ortiz A.

Según un informe de la Contraloría, funcionarios de la empresa Sedapar habrían contratado a una empresa para los servicios de limpieza y desinfección de locales, sin que esta reuniera los requisitos mínimos para contratar con el Estado.

Según señala el informe, se convocó a un concurso público la contratación de dichos servicios, adjudicando indebidamente a la empresa D&N Representantes SAC, al haberse advertido irregularidades en las que incurrió el comité de selección, ya que admitieron la oferta de dicha empresa a pesar que no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos, características y condiciones del personal propuesto establecido en las bases.

Los trabajadores presentaron certificados de trabajo en blanco e ilegibles. No obstante, ello, el comité de selección le otorgó en forma irregular la oportunidad de subsanarlos cuando no correspondía admitir y actuaron indebidamente en la evaluación y calificación de las ofertas recibidas y en la evaluación de la estructura de costos para hacer prevalecer los intereses de dicha empresa.

Así lo señala el informe de control específico 009-2022 del concurso público 03-2022 SEDAPAR SA. sobre la contratación de servicios de limpieza y desinfección de locales que se desarrolló en el periodo de marzo 2020 a noviembre 2020.

Dan cuenta además que los hechos transgredieron la Ley de Contrataciones del Estado 30225 y el decreto supremo 344-2018-EF, así como también la Ley de Código de Ética de la Función Pública 27815, por los miembros del comité de selección que actuaron irregular y arbitrariamente en beneficio del postor incumpliendo las funciones inherentes a sus cargos, trayendo como consecuencia que el postor que no cumpla con los requisitos ni la experiencia requerida.

Pero pese a ello, el postor que estaba en cuarto lugar en la propuesta económica, pasó al primer lugar y reciba la buena pro para obtener el beneficio de vincularse económicamente con Sedapar, lo que se concretó con la suscripción del contrato por 493 mil 769 soles, infringiendo el comité de selección su deber de imparcialidad frente a la entidad que los designó.

Se recomendó que el órgano competente debe efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores de la empresa, por lo que el Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios debe dar inicio a las acciones penales contra los servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad en el informe de control específico.