Por: Por Roxana Ortiz A.

Para la Defensoría del Pueblo hay requisitos que determinan cuando hay un conflicto social latente y cuando no, y por el momento solo tienen tres conflictos sociales debidamente identificados. El más reciente protagonizado por los pobladores de Caylloma, quienes pretenden que se les otorgue el 30% de los terrenos del proyecto Majes Siguas II.

— Redacción Diario El Pueblo —

La mayoría son en el sector minero

Luego se encuentra el conflicto de Tía María y los pobladores del valle de Tambo en Islay y finalmente un conflicto entre dos compañías mineras Kallpa Renace e Inti Gold, por un denuncio minero que tiene que ser resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, según explicó el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique.

“Pero hay una serie de necesidades insatisfechas de la población que no están siendo atendidas, especialmente por el Gobierno Regional de Arequipa y que es causa para que todos los días haya marchas, reclamos o protestas y que se suman a problemas económicos que está viviendo la población de manera particular”, añade.

Los sectores más conflictivos son Salud y Educación. “En salud, la población requiere de una mejor atención y no la tiene, tanto en los hospitales que administra el GRA como en Essalud. Aún no se tiene la atención al 100% en los consultorios externos, no se atiende al 100% en los servicios de emergencia, no hay medicinas y hay obras paralizadas en hospitales de provincias y en los hospitales de Essalud”, indicó Manrique.

A ello hay que adicionarle que se mantiene como asesor una persona que ha creado una serie de conflictos con los gremios de trabajadores y encima que se aprovechó de su cargo para hacerse atender gratuitamente en el hospital Goyeneche; pero para la titular del GRA, parece que no tiene la menor importancia.

Dijo que algo que ocurre a diario son las marchas de padres de familia y docentes porque no hay un buen servicio en Educación, no hay los suficientes docentes para atender a los estudiantes, los docentes ni quieren hacer clases presenciales o no hay una infraestructura adecuada y mientras tanto, hay un gerente que ha sido denunciado por cobrar doble remuneración del Estado, preocupado en librarse de un proceso en lugar de prestar atención a su trabajo.

“Se trata de protestas, marchas, plantones, pero no de conflictos; pero que sin embargo ni el Gobierno Nacional no el Gobierno Regional tienen la menor intención de atenderlos y es responsabilidad directa de los titulares resolverlos, a pesar que se les ha hecho el llamado correspondiente, pues ni las observaciones que ha elevado la Defensoría a la autoridad regional ha sido contestadas”, añadió.

Manrique Linares se refiere a la solicitud de información sobre la contratación de familiares y amigos de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez sin reunir los requisitos mínimos para ocupar ciertos cargos, algo que también hizo la Contraloría de la República y que hasta el momento no son resueltos. Mientras tanto, espera que este martes, la autoridad regional acuda al Consejo Regional y dé las explicaciones necesarias sobre los cuestionamientos realizados.