— Redacción Diario El Pueblo —

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), negó conocer a Vladimir Meza Villarreal, sindicado de haber planificado y coordinado un presunto fraude electoral, según una versión del empresario investigado Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva por presunta licitación irregular.

En declaraciones a RPP Noticias, el titular del JNE rechazó la versión de Zamir Villaverde, a quien también dijo no conocer y aseguró que sus declaraciones solo buscan denostar en su contra y la del sistema electoral.

“No conozco a ningún Meza Villarreal ni tampoco al señor Pacheco ni tampoco a la señora que igualmente se refiere ni al mismo imputado Villaverde, nunca he conversado con él ni directamente ni por medio de nadie”, indicó Salas Arenas.

Salas Arenas cuestionó, además, que Zamir Villaverde optara por guardar “silencio conveniente” tras dar esta declaración, por lo que pidió que no se pierda de vista que se trata de un imputado por los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

En declaraciones ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, el empresario Zamir Villaverde, actualmente recluido en el penal Ancón I, aseguró sin pruebas que el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza Villarreal, planificó y coordinó desde un departamento en el distrito de Santiago de Surco el presunto fraude con el JNE “al más alto nivel”.

“La persona que lideró, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, es el señor Vladimir Meza Villarreal”, dijo para luego señalar ante el grupo de trabajo que se acogería a su derecho a guardar silencio.

Vladimir Meza Villarreal es un conocido empresario en Huaraz, actual precandidato al Gobierno Regional de Áncash, líder del Movimiento Regional El Maicito, y exalcalde de la Municipalidad de Huaraz (2011-2014).

En 2015 fue sentenciado por violencia familiar y actualmente es investigado por lavado de activos y delitos de corrupción por presuntas irregularidades en la ejecución de obras en Huaraz. Al respecto, la Fiscalía anticorrupción pidió 10 años de prisión en su contra.