Por: Carlos Meneses

“El caso Villaverde requiere de respuestas rápidas y convincentes. El presidente no debería negarse a contestarlas”.

El empresario detenido en el penal Ancón I, Zamir Villaverde está, desde hace una semana, formulando denuncias contra funcionarios públicos y, específicamente, afectando el prestigio de quien es el presidente de la República, del titular del JNE y de ex funcionarios públicos del actual régimen.

Hasta ahora aduce temer por su vida y reclama de la Comisión de Fiscalización del Congreso se comprometa a protegerlo señalando que quien atentaría contra él, es gente del gobierno.

Por supuesto, las personas citadas por Villaverde han negado los cargos. Pero él insiste en las acusaciones provocando incredulidad en los sectores oficiales y aún en la Fiscalía que se ha animado a abrir investigación sobre el caso, por las vinculaciones que Villaverde ha tenido con el gobierno con respecto de determinados compromisos asumidos por empresas constructoras para obras públicas.

Resultan evidentes las dudas expuestas a propósito de la autenticidad de los cargos hechos. Sorprende que el presidente de la República no se anime a acudir al Ministerio Público para que han llegado al extremo de reabrir la discusión sobre si las elecciones ganadas por el señor Castillo fueron reguladas adecuadamente o no.

El esclarecimiento rápido de estos temas es absolutamente indispensable para devolver tranquilidad a la ciudadanía y más aún cuando Villaverde señala que hay gente que sí corrobora los hechos, el presidente Castillo caería y el régimen terminaría abruptamente.

Una cosa así no puede quedar sin respuesta pronta. Es de esperar que eso ocurra sobre todo si se están jugando honras y cargos de la administración pública.