Por: Juan Sheput – El Montonero

En un ejemplo de eficacia parlamentaria, el Congreso de la República eligió, con votaciones contundentes, a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En todos los casos los periodos de los magistrados habían superado el límite; y algunos tribunos superaban los ocho años en el cargo. Pero tal vez eso no era lo más dramático: el Tribunal Constitucional estaba dominado por una mayoría ideológica que recién, desde la presidencia del Dr. Augusto Ferrero, se había quebrado.

Y ese es el sentido de este artículo. No cuestionar los fallos en cuanto a su validez jurídica y constitucional. A pesar de mi experiencia política y de mi empeñosa documentación respecto a los antecedentes y contenidos constitucionales, no pretendo ingresar a un terreno que requiere de mayor especialización. Pero sí ingresaré al terreno del cuestionamiento político, en el cual incurrieron la mayoría de los magistrados salientes en más de una oportunidad.

El Tribunal Constitucional se había convertido en la perfecta última instancia para consagrar los propósitos que se ideaban en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Pero las usinas productoras de leyes estaban en otra parte, ya sea en “notables” (así, entrecomillado) o en estudios de abogados u oenegés. Si el proyecto no salía a la medida de lo que estas factorías de leyes sin sustento real querían, pues se recurría al Tribunal Constitucional y este, sin ningún tipo de debate público, concluía en la forma y manera que planteaba este sector ideologizado. Así se llegó a construir un mega poder, que destruyó la necesaria separación de poderes, y que fue fundamental en la destrucción institucional que ahora padecemos.

Pero allí no quedó todo. Desde el Tribunal Constitucional se abundaba en declaraciones políticas y sus adelantos de opinión se configuraron como parte natural del ambiente. Los miembros del Tribunal Constitucional, mediatizados, no esperaban la conclusión y dictamen de un proyecto de ley, e inclusive ante de que se debatieran, incurrían en adelantos de posición tratando de influenciar al parlamento.

Estoy esperanzado en que esa situación, por perversa, haya acabado. Los nuevos miembros del Tribunal Constitucional tienen por delante el desafío de la reconstrucción institucional y, por sobre todas las cosas, la recuperación del prestigio de una organización clave, que debe convertirse en una institución incuestionable de la patria. Hoy no lo es. Algunos de los magistrados salientes la convirtieron en un ente sectario e ideologizado. Ahora corresponde darle el valor absoluto de la independencia y objetividad, indispensable en la interpretación constitucional.