— Redacción Diario El Pueblo —

Las protestas contra la minería aumentaron en los últimos meses, ocasionando la paralización de operaciones de algunos proyectos en el sur. Especialistas cuestionan la capacidad del Gobierno para mediar en la resolución de estas tensiones. También critican el impacto que este contexto tiene en futuras inversiones.

Corredor minero del sur afectado por paralizaciones

Diferentes especialistas coinciden en que nuevas inversiones mineras ayudarían al Perú a enfrentar los efectos de la inflación global. Con los precios de los minerales al alza, los recursos servirían para mejorar la recaudación fiscal y respaldar la política social de estos tiempos inciertos. Sin embargo, en los últimos semestres, lejos de generar nuevos proyectos, se han agudizado los conflictos sociales que han paralizado operaciones. Estas tensiones han generado pérdidas en la producción y aumentado la incertidumbre de los inversionistas.

En los últimos años, el Corredor Minero del Sur es otro escenario afectado por las paralizaciones. Este corredor comprende una carretera entre los departamentos de Apurímac, Cusco y Arequipa, por donde se traslada el mineral producido en las minas de Las Bambas (Cotabambas), Constancia (Chumbivilcas) y Antapaccay (Espinar).

En el trayecto del corredor se ubican cerca de 37 comunidades campesinas que, desde el 2016, reclaman indemnizaciones por los efectos del paso de los camiones mineros. La última paralización fue en diciembre y afectó de forma temporal las operaciones de Las Bambas, que produce el 2% mundial del cobre. El 14 de abril se informó que 500 comuneros ingresaron al yacimiento para recuperar sus tierras. Esto provocó una nueva suspensión de actividades de la minera.

Según la Defensoría del Pueblo, el 63% de los 105 conflictos socioambientales se relaciona con la minería.

“Estamos en proceso de reactivar nuestra economía, la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania está generando a nivel mundial una alta inflación, por ello es necesario que el Estado prevenga los conflictos sociales no solo mineros, sino de toda índole para evitar que la población se siga afectando”, aseveró el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Luis Caballero Vernal.

El representante del empresariado arequipeño, aseveró que Arequipa y el sur del país son regiones mineras y los conflictos solo generan desconfianza en los inversionistas, que sumado a la inestabilidad política que atraviesa el país, se frena las inversiones y por ende el empleo y el ingreso de más capital.

“Hay que tener en cuenta también que Arequipa ocupa el segundo lugar en inversión de proyectos de exploración minera con 89 millones de dólares concentrando el 15.2% del monto de inversión total. No debemos poner en riesgo estas grandes inversiones, se deben evitar los conflictos sociales”, enfatizó.

RIESGOS DE INVERSIÓN

Las últimas percepciones que se tiene del Perú a nivel internacional no son positivas. En la reciente encuesta del 2021 del Instituto Fraser, el país bajó ocho posiciones como región atractiva de inversión minera, quedando ahora en el puesto 42 y confirmando por tercer año consecutivo su retroceso. Los especialistas apuntan a la conflictividad y la inestabilidad del gobierno como factores decisivos.

Las cifras económicas de la minería también venían sufriendo una disminución. Según cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), la conflictividad minera en el 2021 tuvo un costo de S/1,500 millones. La mayoría de las pérdidas fueron por la paralización en el Corredor Minero del Sur.

El IPE también apuntó a una disminución del PBI minero del 2021, respecto al 2019. Esto se explicaría por la falta de nuevos proyectos y la poca inversión en exploración. Se indica que el monto para investigar nuevas vetas fue un tercio de lo invertido respecto al 2012.