Por: Roxana Ortiz A.

Santos Benavente, actual gerente de Educación, será interpelado este miércoles 15 por los consejeros regionales, quien deberá responder a 20 preguntas que se le ha alcanzado respecto a sus funciones y también omisiones y hasta supuesto aprovechamiento del cargo para cobrar doble remuneración del Estado.

Los cuestionamientos están relacionados a la doble remuneración que se supone percibe el funcionario regional, tanto como docente de la Universidad Nacional de San Agustín como en la Escuela Luis Duncker Lavalle, aunque él aseguró que no es cierto. Debe responder bajo qué modalidad se realizaron los pagos de sueldo como docente nombrado de Duncker Lavalle, docente de la UNSA y docente del Programa de Complementación de la ENA Carlos Baca Flor.

Se supo que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios abrió investigación por el delito de cobro indebido por haber cobrado gratificaciones de escolaridad, fiestas patrias y navidad de la Unsa y Duncker Lavalle en los años 2013, 2014 y 2015, pregunta y los consejeros quieren conocer si se devolvió el dinero cobrado indebidamente y además que adjunte los documentos si eso fue cierto.

Igualmente deberá dar explicación sobre las acciones que se realizaron para sancionar al director de la UGEL Castilla, en donde al parecer se habría vulnerado el debido procedimiento administrativo, por lo que deberá responder si se subsanaron los vicios advertidos, cómo se está llevando a cabo el proceso administrativo disciplinario, qué medidas administrativas se dispuso a los integrantes del comité por haber vulnerado el debido proceso administrativo, ya que se corre el riesgo que este proceso prescriba y las autoridades serán responsables.

Cesáreo Benavente deberá responder sobre presuntas irregularidades en la contratación de personal, en donde se incluyó como integrante del comité al asesor legal Roger Llerena Campos, quien por norma no debió ser incluido y por ello se corre el riesgo de anular el proceso. A ello también se suman cambios de funcionarios de confianza.

Se incluyen además preguntas sobre la poca o nula acción en el proceso de vacunación de los escolares contra la COVID; la falta de docentes en algunas instituciones educativas, el maltrato que habrían recibido padres de familia de su persona, el por qué no se habría iniciado el programa de prevención del uso de drogas, entre otros.