— Redacción Diario El Pueblo —

El expresidente del régimen militar (1975-1980), Francisco Morales Bermúdez Cerruti, falleció anoche a los 100 años, confirmó su hijo, Remigio Morales Bermúdez.

«El jueves a las 11:20 p.m. (falleció) por un tema más relacionado con su edad. Habría cumplido 101 años, se le presentó un desbalance del cual no pudo salir bien», dijo su hijo a RPP.

Francisco Morales Bermúdez fue comandante general del Ejército. En agosto de 1975, encabezó el denominado “Tacnazo”, suceso que fue un golpe de Estado contra el mandato de Juan Velasco Alvarado.

De esa forma, se autoproclamó presidente de la República, como Jefe de Estado en la «Segunda fase» del autodenominado Proceso Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Durante su mandato, se autorizó el retorno de los exiliados y se indultó a líderes del partido Acción Popular, hasta entonces perseguidos por supuestos delitos. Se dispuso la reaparición de las revistas clausuradas, pero no se devolvió a sus propietarios los diarios confiscados bajo el gobierno de Velasco Alvarado.

En el gobierno de Morales Bermúdez, se convocó a elecciones generales para la conformación de una Asamblea Constituyente, las cuales contaron con la participación de las fuerzas políticas del país.

Los representantes electos en la Asamblea se reunieron el 28 de julio de 1978 y eligieron presidente de la misma al líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Luego pasaron a discutir y redactar la Constitución de 1979.

De acuerdo a la nueva carta constitucional, se convocó a elecciones generales para el 18 de mayo de 1980, en la cual se eligió democráticamente a un Presidente de la República y a los representantes de un Congreso bicameral. El vencedor fue Fernando Belaunde Terry.

En febrero de este año, el Tribunal Supremo italiano confirmó en vía definitiva la pena de cadena perpetua contra Francisco Morales Bermúdez, acusado de la desaparición de italianos mediante el Plan Cóndor, un plan represor aplicado en América Latina en la década de 1970.

Italia empezó a investigar el asesinato y desaparición de italo-latinoamericanos en el Plan Cóndor y en 2007 pidió el arresto de un total de 146 militares de las Juntas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.