Por: Roxana Ortiz A.

El juicio de apelación a la sentencia contra el alcalde Omar Candia Aguilar y otros ex funcionarios del municipio de Alto Selva Alegre, por el delito de Colusión continúa en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, cuyo turno correspondió al fiscal Carlos Herrera Mogrovejo, para refutar la apelación y además sustentar el incremento de la pena privativa de la libertad que ha solicitado, de 6 a 9 años.

Según argumentó el ex alcalde de Alto Selva Alegre y los ex funcionarios implicados, además de los empresarios, habrían coludido anteponiendo sus intereses personales antes que los del Estado, cometiendo fraude al municipio, en el proyecto para la colocación de cámaras de seguridad en el distrito.

Candia Aguilar en varias oportunidades dijo que es inocente en el caso, simplemente porque había delegado funciones al ex Gerente Municipal y por lo tanto, no tuvo nada que ver en el proceso de adjudicación de los trabajos; pero asegura el fiscal, que el hecho no lo libera de responsabilidades, además hay una serie de documentaciones que prueban que estaba al tanto de todo el proceso.

En todo este proceso de adjudicación, se encontraron un promedio de 20 ilícitos que permitieron un perjuicio económico de más de 2 millones 100 mil soles contra el municipio distrital.

Si bien se dijo, se delegó funciones a un funcionario, eso no lo inhibe de estar pendiente del proceso, además de haber recibido una serie de notificaciones y comunicaciones de entidades como la Sociedad Eléctrica, que le informaban que se estaba haciendo uso de los postes de energía sin autorización, lo que les valió una multa de más de 36 mil soles.

Adicionalmente se habría contratado de manera irregular un asesor externo en el tema, a pesar que se tenía un departamento de asesoría legal, se habría hecho sin haber llevado a cabo un proceso de elección y se contrató directamente a Antonio Acosta, en el que no coinciden las fechas, entre el contrato, el inicio de su trabajo y otros.

Igualmente el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado le había comunicado que se habían detectado una serie de irregularidades en el proceso, debido al incumplimiento de las bases por parte de la empresa ganadora.

Se habría también pagado por el servicio a la empresa antes que culmine el trabajo sin haber concluido los trabajos, además de devolverle la carta fianza por lo que no se pudo cobrar por los daños y perjuicios ante el incumplimiento del contrato, entre otros hechos que están en discusión.

El próximo lunes, el Ministerio Público seguirá dando a conocer sus argumentos, para que luego la defensa del burgomaestre, pueda apelar a la sustentación. Se estima que para el próximo 22 de agosto, el proceso deberá culminar con la ratificación de la sentencia dada el 31 de diciembre del 2021, de seis años de prisión, el incremento de la pena o finalmente ser declarado inocente.