Por: José Colque

En la Municipalidad Provincial anunciaron que anularán la actual orden de servicio con la proveedora de grúas debido a que no llegaron a contar con el apoyo de los agentes de la Unidad de Tránsito para la fiscalización en las zonas rígidas del Centro Histórico donde cerca de 1336 se estacionan diariamente. En modificación a ello, señaló que gestionarán un nuevo contrato para fiscalizar los taxis y servicio de transporte público.

La Policía debe ver en tránsito, la competencia de la Policía es privado y ellos deben ver mecanismos para ello. Vamos a utilizar (las grúas) para taxi y público, anularemos esa orden de servicio (actual) y sacaremos una para lo que tenga que ver nuestra competencia, manifestaron voceros de la MPA.

No obstante, existe el riesgo de que la proveedora de las grúas, Mirian Cano Cárdenas, solicite condiciones para rescindir el contrato debido a que la orden de servicio fue acordada por el monto de S/ 36 800 por 60 días. El regidor Jorge Condori advirtió anteriormente que dicho término era posible dentro del marco legal. Ante ello, esperan llegar a un acuerdo mutuo ya que las condiciones del servicio también fueron bajo la modalidad efectiva de las grúas, es decir con la salida a campo.

Según el sub gerente de Transporte Urbano y Especial, Juan Callacondo, estas unidades salieron a las calles durante un lapso de 4 días desde el 12 de julio hasta el 5 de agosto, por lo que el monto para liquidar el servicio efectivo sería de S/ 9 200. El funcionario dijo que se debía dividir el monto de la orden de servicio entre los días efectivos. No obstante, existe controversia en los acuerdos debido a que el costo de uso por día fue anunciado por S/ 307 para cada grúa. Bajo estos términos, el monto resultaría en S/ 2 456. Por ello también se espera la comunicación oficial entre la MPA y la proveedora.

El principal motivo sustentado por la Policía para no apoyar la fiscalización con los mencionados vehículos, fue porque necesitaban firmar un convenio interinstitucional con el Ministerio del Interior para que les destinen efectivos. Por ello, anularán el contrato debido a que, sabiendo la gestión e inestabilidad política en el Gobierno y la duración de la orden de servicio, este pacto no se iba a finiquitar rápidamente.

Por su parte, Callacondo señaló que enviaron oficios a la Defensoría del Pueblo, la Prefectura Regional y Fiscalía de Prevención del Delito para exhortar a que la Policía cumpla sus funciones dentro del marco de fiscalización en las calles del Centro Histórico.