— Redacción Diario El Pueblo —

La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Grupo Especial de Fiscales del Ministerio Público, reveló que el gobierno quiere desarticular los equipos especiales de la Policía, la Fiscalía y desacreditar a la fiscal de la Nación a través de una campaña de desprestigio mediante los planes «Plan Colchado», «Plan Barreto» y «Plan La Benavides».

Según fiscal Marita Barreto:

Barreto comentó que el «Plan Colchado» implica la denuncia formulada por el abogado del presidente, Eduardo Pachas, sobre la cual dijo: «La denuncia no tiene sustento y va a caer en saco roto, porque los fundamentos no tienen asidero legal. Se cumplió una orden judicial que implica el allanamiento, así como detener e incautar objetos vinculados al delito», explicó.

Indicó que la denuncia del presidente, al pedir la suspensión del ejercicio de sus funciones al coronel Harvey Colchado, es un claro abuso de poder porque el policía en cuestión únicamente cumple una función constitucional. «Si no va a poder continuar, ya es una obstrucción clara, es abuso de poder. Colchado no rompió ningún acta como se le acusa», agregó.

«Lo que sí es abuso de poder es lo ha señalado por el juez Johnny Gómez Balboa en la audiencia. En el acta consta que el presidente Pedro Castillo ordenó que no ingrese nadie hasta que lleguen sus abogados. Ese es un ejercicio abusivo del poder. Es una orden judicial daba la facultad de ingresar al dormitorio, la ley es igual para todos», remarcó la fiscal.

MANOSEOS Y CAMBIOS EN PNP

En ese sentido, el ex ministro del Interior, Mariano González, manifestó que los cambios hechos en la Policía Nacional por un gobierno que es investigado por corrupción es inaceptable y podría determinar una pronta reacción de los integrantes del Estado Mayor.

«Ese manoseo que se está haciendo y los cambios en la Policía Nacional del Perú (PNP) para sacar al efectivo que investiga al presidente Pedro Castillo y a su familia por el presunto delito de organización criminal y otros», señaló.

González indicó que «el mandatario Pedro Castillo ha relevado de sus cargos, sin argumento conocido y con el poder de su firma, a los tres primeros policías de la línea de mando, comandante general, al jefe del Estado mayor y al inspector general de la PNP, sacándolos de manera abrupta para ubicar a paisanos».