— Redacción Diario El Pueblo —

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se amplíe por nueve meses adicionales la orden de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Westfield Capital, vinculado a Odebrecht.

La fiscal adjunta Gaby Jiménez hizo este pedido en atención a que ya venció la última ampliación de dicha medida que se dictó contra el mandatario por cuatro meses y que la misma resulta idónea y necesaria para garantizar la presencia del investigado en el territorio nacional mientras se concluyen los actos de investigación pendientes en este caso.

No obstante, Julio Midolo, abogado del exmandatario, demandó que se declare infundada este pedido fiscal ya que su patrocinado está sujeto a una serie de restricciones y negó que las recientes declaraciones que hizo el hermano de su defendido para que este reciba atención médica fuera del país constituya riesgo de fuga.

Tras escuchar a las partes en una audiencia virtual realizada este viernes, el juez Jorge Chávez Tamariz anuncio que notificará su decisión en el plazo de ley.

Recientemente el juez Ramiro Salinas Siccha de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución del último 9 de abril que dispone la variación de la medida de detención domiciliaria contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la de comparecencia con restricciones. El régimen judicial anterior venció el pasado 10 de abril.

Esta medida se adoptó tras rechazar la apelación interpuesta por la defensa del ex mandatario que buscaba dejar sin efecto las reglas de conducta impuestas contra él, tales como la prohibición de comunicación con sus coimputados Gloria Jesús Kisic Wagner, José Luis Bernaola Ñufflo y Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada; la prohibición de ausentarse de Lima Metropolitana, salvo autorización judicial, o la prohibición de efectuar declaraciones a los medios de comunicación respecto al caso.

La comparecencia restringida contra PPK establece además que deberá presentarse al Juzgado cada 30 días, a efectos de informar sobre sus actividades.

«Todo ello, bajo apercibimiento expreso que, en caso de incumplimiento de las restricciones y previo requerimiento, se procederá a revocar la medida, volviéndose al statu quo del arresto domiciliario», señala el fallo judicial.