Por: José Colque

De los operativos realizados en el Cercado durante el presente año, la DEMUNA de la Municipalidad de Arequipa registró hasta 38 menores en riesgo de desprotección. De ellos, la mitad de menores intervenidos precisaron ser de Venezuela, Argentina, Colombia y Ecuador.

Alexandra Prado, psicóloga de la Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal, manifestó que, en algunos casos, los menores son controlados por sus tíos o terceras personas manteniendo lejos una figura progenitora. Ello implica que serían utilizados para que la gente les de dinero a través de la venta de productos o mendigando, lo que también dificulta el paso por las etapas de la vida, según informó la especialista.

“Desde los 6 años que caminan venden golosinas, limpian carros, mendigan hasta los 12, 13 años. Luego trabajan en tiendas, puestos de servicio y viviendas como sirvientes”, acotó. Bajo esta premisa, hizo un llamado a la población a tomar conciencia ya que los menores no están en situación de trabajar debido a que tienen que estudiar, quemarte etapas, llevar un desarrollo psicológico adecuado. “Vivir en la calle hace pasar situaciones que hacen que maduren rápido y no tenga capacidad de desarrollar sus habilidades. También se exponen a tocamientos indebidos”, explicó. Entre las zonas de mayor incidencia de desprotección y trabajo infantil identificaron a la calle Mercaderes, la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres y el mercado Río Seco.

Junto con los 38 menores, la DEMUNA lleva 120 casos en total donde identificaron maltrato extremo, violación sexual, derechos básicos vulnerados, entre otros. De ellos, dos pasaron a la Fiscalía que dispuso el internamiento del mismo número de menores a un albergue de la Unidad de Protección Especial (UPE). No obstante, hay otras situaciones que se pierden. Prado consideró que el principal problema en el proceso de seguimiento de los casos es referido a la falta de datos reales ya que cuando visitan una dirección se dan con la sorpresa de que los menores les mintieron.

Por ello, el personal de la Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal se reunió con especialistas del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Demunas distritales para capacitarse en los lineamientos que deben de llevar al momento de la intervención.

“Todos los casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes donde la familia no los proteja y más bien los expongan al peligro son casos que ameritan intervención inmediata. Por eso queríamos unir esfuerzos para que se les reestablezca sus derechos”, señaló Prado.