— Redacción Diario El Pueblo —

El coronel PNP Harvey Colchado envió un oficio a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú para presentar sus descargos por la investigación administrativo disciplinaria iniciada en su contra tras la denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo.

En el documento, el coordinador del equipo especial que apoya al Ministerio Público solicita que se emita una resolución que desestime el inicio del mencionado procedimiento administrativo disciplinario y, en consecuencia, se disponga el archivo de los actuados.

Colchado recuerda que el pasado 6 de agosto el fiscal provincial Hans Aguirre le envió un oficio en el que solicitaba el apoyo del Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú y le remitió la resolución judicial que autorizaba el allanamiento a ciertos lugares y la detención de personajes investigados.

«Con fecha 9 de agosto, a las 17:00 horas, en cumplimiento del antes citado mandato judicial, se llevó a cabo la diligencia fiscal de allanamiento con fines de detención de Yenifer Paredes Navarro la zona residencial del Palacio de Gobierno», señala al citar el acta de allanamiento y registro domiciliario.

Entre sus argumentos, el coronel PNP menciona aspectos que revelarían, a su criterio, la falsedad de los hechos denunciados. Al respecto, señala que el relato del presidente Pedro Castillo «contiene una serie de hechos ajenos a la verdad, apreciaciones meramente subjetivas y afirmaciones agraviantes».

«Sin ningún fundamento pretenden atribuirme una supuesta inconducta e intencionalidad política en el cumplimiento de mi función de apoyo al Ministerio Público durante la diligencia fiscal de allanamiento y registro realizada el 9 de agosto del 2022 en la zona residencial del Palacio de Gobierno», cuestiona.

En sus descargos, Harvey Colchado rechazó haber realizado actos de violencia o amenaza contra del jefe de la Casa Militar, General EP José Mariscal Quiroz. Por el contrario, se acusa a esta persona de ser quien «dilató» el ingreso del Ministerio Público entre las 17:00 y las 18:15 aproximadamente.

«La denuncia de Pedro Castillo contiene una serie de cuestionamientos de orden jurídico al mandato judicial. Resulta evidente que el personal policial que participa no tiene competencia ni facultades para interpretar o cuestionar un mandato dictado por un juez competente. La autoridad administrativa de la Inspectoría tampoco tiene atribuciones para hacerlo», señala.