Por: Christian Capuñay Reátegui

Resulta evidente por los recientes acontecimientos que la política nacional pronto ingresará a un nuevo e intenso ciclo de crisis de potente magnitud y cuyo desenlace es incierto.

La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la consulta elevada por el Congreso al Tribunal Constitucional (TC) sobre la aplicación del artículo 117 de la Constitución, delinean un nuevo intento de apartar al presidente Pedro Castillo del poder, al cual accedió por la voluntad popular en comicios justos y democráticos.

Ante los problemas para reunir los 87 votos que abran el camino a la vacancia por permanente incapacidad moral, el sector que busca terminar a la fuerza con la gestión del Jefe del Estado parece decantarse por suspenderlo de sus funciones, usando como punto de apoyo la denuncia de Benavides. Dicha salida, además, no obligaría a convocar a elecciones generales, lo cual aseguraría la permanencia hasta el 2026 de los parlamentarios que apoyan estas acciones.

Debe decirse que el gobierno es bastante limitado en muchos ámbitos y que parecieran más comunes lo errores que los aciertos. Asimismo, hay dudas respecto a la penetración de la corrupción en algunas de sus esferas.

Todas las investigaciones, sin embargo, deberían desarrollarse en el marco de la ley y la Constitución de forma estrictamente jurídica. Emplear ambos instrumentos como palanca con fines políticos no solo contradice las normas básicas de un Estado de derecho, sino que además establece un precedente nefasto para la institucionalidad y la democracia, dado que en el futuro nada impedirá nuevamente el empleo de la legislación de forma funcional a los intereses de determinados sectores con agendas particulares.

Es paradójico, asimismo, que la lucha anticorrupción sea esgrimida como justificación para tales acciones cuando algunos de los más entusiastas impulsores de las maniobras de este tipo figuran en los anales de casos de corrupción pasados o defendieron a gobiernos cuyas principales figuras estuvieron involucradas en delitos de esa índole.

Si las instituciones, como el TC, no previenen que la Constitución se modifique en función a objetivos políticos específicos, la sociedad civil seguramente rechazará lo que muchos sectores coinciden en llamar un golpe de Estado encubierto. Regímenes autoritarios o espúreos soslayaron en su momento la gravitancia de las manifestaciones ciudadanas y no las anticiparon hasta que no las pudieron controlar.

Al usar la ley, la Constitución y las instituciones como instrumentos, algunos sectores pueden estar abriendo una caja de pandora que luego no podrán controlar.