— Redacción Diario El Pueblo —

Perú Libre, Bloque Magisterial y Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú) anunciaron ayer que presentarán una moción de censura contra el titular del Parlamento, José Williams.

En una breve conferencia de prensa, la vocera alterna de Cambio Democrático, Ruth Luque, explicó que las bancadas de izquierda acordaron solicitar la salida de Williams, debido a que no consultó con el Pleno del Congreso la ampliación de la demanda competencial sobre la elección del defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional (TC).

A través del recurso, el Parlamento pide a los magistrados del TC que interpreten los alcances del artículo 117 de la Constitución, que establece los cuatro delitos por los cuales un presidente en funciones puede ser denunciado.

En ese sentido, Luque calificó de “arbitraria” e “ilegal” la disposición de la Mesa Directiva, por lo que recalcó que no permitirán que la Presidencia del Parlamento «tome atribuciones por encima de los 130 congresistas”.

“Queremos denunciar públicamente la decisión arbitraria, ilegal y al margen de los procedimientos legales que ha tomado la Mesa Directiva liderada por el congresista [José] Williams”, declaró a los medios de comunicación.

Mientras tanto, la vocera de Perú Libre, Kelly Portalatino, afirmó que “no vamos a permitir este abuso de poder”, al anunciar que su bancada se suma al pedido para destituir a Williams Zapata, quien asumió el cargo el pasado 12 de setiembre.

“Lo único que quieren es generar mayor ingobernabilidad en un Estado de derecho, infringiendo la democracia. Una vez más ratificamos que no vamos a permitir este abuso de poder y nos aunamos a la censura del presidente del Congreso, porque ya no nos representa”, puntualizó.

INTERPRETAR ARTICULO 117

El Congreso formalizó su solicitud al Tribunal Constitucional para que interprete el artículo 117 de la Constitución. De esa manera se permitirá el procesamiento a nivel constitucional del presidente Pedro Castillo en los términos que formula la denuncia penal por cargos muy graves de corrupción indicados por la Fiscalía de la Nación.

El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.

La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación. En un pronunciamiento, señaló que la suficiencia de los indicios que sustentan la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.