Por: Carlos Hakanson – El Montonero

Las discusión sobre la solución de la crisis política parece reducirse a la continuidad del presidente de la República como jefe de Estado y personificación de la Nación, sumado a las múltiples atribuciones reconocidas por la Constitución peruana dentro y fuera del artículo 118 CP. La dimensión de la crisis de institucionalidad que observamos distrae la atención a otros aspectos casi normalizados en nuestra comunidad política. La errada reforma constitucional que impide la reelección congresal inmediata degrada progresivamente el ejercicio de la política con listas parlamentarias conformadas, salvo contadas excepciones, con novatos improvisados y otros militantes de tercera, cuarta o quinta fila. Y muchos de ellos son lobistas, antimineros, cocaleros y apologistas del terror; y probablemente varios sean parte de los llamados “niños” del actual Congreso.

Un aspecto a destacar es la falta de liderazgo de los partidos políticos más tradicionales, la mayoría sin representación congresal. Unos han perdido la inscripción, y tampoco se observa su renovación fruto de la democracia interna; otros han perdido su identidad histórica por el sentido del voto de sus parlamentarios en el pleno. Fuera del Congreso, también se manifiesta un recurrente menoscabo a sus atribuciones exclusivas y excluyentes; primero a cargo del Ejecutivo que desencadenó una inconstitucional disolución parlamentaria (30 de septiembre de 2019); segundo, por el Poder Judicial, que declaró procedentes medidas cautelares para asuntos de estricta naturaleza política (nombramiento del defensor del pueblo), algo que el Tribunal Constitucional deberá resolver tras la admisión de una demanda competencial.

A todo lo anterior se suma una regionalización incapaz de generar desarrollo. Un proceso conducido en su mayoría por gobernadores ideologizados opuestos a la inversión extranjera, con incapacidad para gestionar los recursos, mínima inversión pública para la construcción de carreteras, hospitales, colegios y obras de infraestructura. Las dos primeras décadas del proceso de regionalización pasaron por “agua tibia” para discutir que algo anda de mal en su funcionamiento y plantear mejoras a implementar. Se trata de una tarea que sigue sin formar parte de una agenda de cambio.

Los problemas aludidos son algunos que forman parte del quehacer político sin atender. La coyuntura no permite responder a la pregunta: ¿qué pasará cuando el actual jefe de Estado sea separado del ejercicio del poder? Todo indica que quiénes son parte de la clase política activa no han reparado en ese detalle. ¿Nos encontramos realmente preparados para una sucesión presidencial? Cualquiera sea el resultado de necesaria decisión parlamentaria, desde la solución que parece más improbable (renuncia presidencial aprobada por el Congreso), o la más polémica –como es aplicar el artículo 117 CP por causales no previstas (acusación constitucional)–, hasta una solución intermedia (incapacidad temporal declarada por el Congreso) que nos conducirá a una vicepresidencia con serios cuestionamientos o, en caso sea inhabilitada, un presidente del Congreso como jefe de Estado interino y temporalmente (artículo 115 CP), hasta que el presidente de la República resuelva su situación personal en la Corte Suprema.

En cualquiera de los tres escenarios, nuestra débil institucionalidad no está preparada para conducir un proceso democrático exento de irregularidades durante el camino, además de la improvisación de la clase política, y la crispación y constante agitación social en las calles. Una combinación peligrosa para asimilar pacíficamente los resultados electorales y lograr alcanzar la estabilidad y gobernabilidad. Por eso, las actuales fuerzas políticas de oposición deben afianzar un conjunto de acuerdos previos que permitan una viable transición democrática, a la vez que trabajan para alcanzar el número mínimo de firmas para la vacancia o suspensión.