El 18 de noviembre leerán sentencia a alcalde Omar Candia Aguilar
Por: Roxana Ortiz A.
Luego de más de 7 años, recién se conocerá cuál será la sentencia final que recibirá el alcalde provincial Omar Candia Aguilar por el caso de la compra de cámaras de video vigilancia para el distrito de Alto Selva Alegre, cuando era burgomaestre del lugar.
Ayer por la tarde se terminó con las argumentaciones de cada uno de los acusados y de sus abogados, incluyendo a Candia Aguilar, quien nuevamente ratificó su inocencia, pidiendo que sea liberado por completo del proceso, argumentando una vez más, que no tuvo participación alguna en la contratación de la empresa ganadora de la licitación, porque delegó toda responsabilidad en los funcionarios.
Al término del proyecto, el municipio recibió una multa de Seal de más de 300 mil soles por usar sin autorización los postes de luz para la instalación de cámaras. Además, durante un operativo de la Fiscalía se constató que los equipos no estaban operativos.
En anterior oportunidad, el 30 de diciembre del 2021, fue declarado culpable y sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad, pero apeló a dicha sentencia, lo mismo que el Ministerio Público, señalando que seis años son muy pocos, por lo que pidieron ampliar la pena a 9 años.
El juicio se inició en el 2015 y se debió a la adquisición e instalación de 40 cámaras de video vigilancia para el distrito, la que se habría hecho en medio de una serie de irregularidades para dar como ganadora a la empresa Soluciones Andinas, por un contrato de más de 2 millones de soles.
Junto al alcalde fueron condenados el ex jefe de Servicios Comunales, Reynaldo Díaz Chilo y el empresario José Luis Ríos a seis años de prisión. También ambos, ayer tuvieron la oportunidad de dirigirse a la sala y nuevamente sostuvieron su inocencia.
Igualmente están implicados el ex subgerente de Logística, Juan Lipe Lizárraga y el consultor del proyecto Sandro Martínez Sardón. A este último, según la Fiscalía, se le contrató para elaborar el proyecto, sin mediar de por medio un concurso público y también sería el nexo con la empresa ganadora. Ambos en anterior oportunidad, fueron condenados a tres años de prisión.