Por: Roxana Ortiz A.

Siguen saliendo a la luz más irregularidades en el sector más desatendido en Arequipa. Según un informe de la Contraloría, en la Red de Salud de Caylloma, se contrató a mil 338 personas como personal administrativo y asistencial en plazas del régimen laboral del decreto legislativo 276, sin realizar un concurso público.

Existe la obligación en el país de llevar a cabo dicho proceso para seleccionar el personal que trabajará en alguna entidad del estado, y es por ello que en esta caso, se han vulnerado las reglas de acceso al servicio civil que afecta los principios de mérito, capacidad e igualdad, generando además, el riesgo de crear obligaciones en perjuicio de la entidad.

El Jefe del Órgano de Control Interno de la Gerencia Regional de Salud, Jaime La Rosa Abarca, señaló en un informe que el 19 de marzo del 2022, el Director de la Red de Salud Arequipa – Caylloma, remitió una relación de 14 resoluciones directorales, a través de las cuales se verificó que durante el periodo: febrero del 2021 a marzo del 2022, se contrató de forma directa a personal administrativo y asistencial, bajo el régimen del DL 276, pero en todos los casos, no se realizó el concurso público de méritos correspondiente.

Según lo detallado en los antecedentes de las referidas resoluciones, se tiene que en cada oportunidad que se realizaron estas contrataciones, participaron el responsable del Subproceso de Selección y Desarrollo, el jefe de la Oficina de Administración y el Director Ejecutivo de la Red de Salud Arequipa Caylloma, quien finalmente autorizó la contratación directa de personal.

El informe concluye que las decisiones de las autoridades de la Red de Salud de Caylloma contravienen la ley marco del empleo público 28175, el decreto legislativo 1023, la ley 31084 de presupuesto del año fiscal 2021 y el decreto legislativo 276, el decreto supremo 005-90-PCM.

Se hizo de conocimiento dichas irregularidades al titular del área para que adopte las medidas preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de acceso al servicio civil en la entidad.