Por: Rubén Quiroz Ávila – Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, profesor universitario

El Perú es un territorio hostil para las personas con discapacidad. Según el Conadis (2021), más del 10% de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad; la mayoría son mujeres y un tercio vive en Lima.

Esta población altamente vulnerable tiene pocas posibilidades para romper el cerco estructural, que es acentuada por contextos de pobreza, edad, género, idioma y zona donde se habita. Con un entorno social que más bien ataca a este sector, las probabilidades de tener oportunidades concretas se difuminan.

Una de las más notarias maneras de exclusión es no facilitar la accesibilidad al circuito de educación. Que va desde el inicial hasta el superior. Eso va desde la distribución espacial y la arquitectura del campus, si es amigable o no para el tránsito de los estudiantes con discapacidad, hasta la pedagogía que no reconoce una oportunidad para incorporarlos con equidad y comprendiendo las condiciones.

El desarrollo educativo ético de una organización académica se aquilata por su política de inclusión y la ejecución planificada de ello en la vida universitaria. Es decir, no solo debe ser una lista declarativa de buenas intenciones, a veces solo calculadas mediáticamente, sino también de acciones de alto impacto para el acceso y sostenibilidad en el sistema universitario de las personas con discapacidad.

¿Cuántos estudiantes con discapacidad tienen las universidades peruanas? ¿Facilitan su admisión a los estudios? ¿Su estructura física tiene los ambientes requeridos para las personas con discapacidad? ¿Tienen sistemas de apoyo y seguimiento al desarrollo del talento? ¿Es una institución sensible y comprometida con la inclusión en su diversa tipología? Al responder a esas preguntas sabrán en realidad cuánto ha hecho sinceramente una universidad por nosotros. Esta es una de las formas de imprescindible inclusión que se requiere asumir con urgencia.

La pandemia ha acelerado la vulnerabilidad y ha hecho más lenta la focalización de ayuda a este sector. Perdemos como país si no incorporamos el talento que tienen las personas con discapacidad y que no vemos, o más bien, no queremos ver. Siempre una combinación de estereotipos, prejuicios e insensibilidad es perjudicial para incrementar el valor de la sociedad.

Por eso, todos aquellos que creemos en un país equitativo, con una vida digna, justa y con oportunidades, debemos impulsar permanentemente que en todas las esferas de convivencia se reconozca el valor humano como un eje innegociable. De esa manera impulsemos que esté totalmente interiorizado en la toma de decisiones y en la cotidianidad el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su necesario empoderamiento. Las universidades tienen un precioso desafío en esa necesaria transformación de ser organizaciones totalmente inclusivas.