Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes

Establezcamos el “Día de la Institucionalidad Democrática”, por cuanto, a los anuncios súbitos e imprevisibles de Pedro Castillo, del 7 de diciembre, de: instaurar un Gobierno de excepción; disolver temporalmente el Congreso de la República; convocatoria a Elecciones a nuevo Congreso con facultades constituyentes; gobernar con Decretos Leyes; reorganización del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional.

El Perú institucional, al unísono, sin demora y sin ambages, rechazaron el golpe de estado y plantearon restituir el orden constitucional y democrático; en este sentido, se pronunciaron las Fuerzas Armadas, quedando desterrado el militarismo; los gremios empresariales (CONFIEP), atrás quedó la mala costumbre de alentar y financiar golpes de estado; el Tribunal Constitucional; el Poder Judicial; el Ministerio Público; la Defensoría del Pueblo; la Junta Nacional de Justicia. Se puso fin, a la indiferencia mostrada en el pasado; el Congreso de la República, aprendiendo de la historia, declaró la vacancia presidencial directa por permanente incapacidad moral, en contra de José Pedro Castillo Terrones.

Reeditada versión del Plan chavista y fujimorista: perpetrar un golpe de Estado contra el Congreso de la República, para luego, ¿restablecer el orden democrático, convocando a elecciones congresales manipuladas, para tener un parlamento a su medida?

Del 2018 al 2022, en cuatro años, hay dos presidentes renunciados: Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Merino de Lama; y dos presidentes vacados por incapaces morales: Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Esta situación, es motivo de seria reflexión. Tranquiliza la continuidad del régimen republicano, la democracia y del Estado constitucional, social y democrático de derecho.

¿Qué nos falta? Tener organizaciones políticas (partidos políticos y movimientos regionales) democráticas, por declaración y práctica permanentes; organizaciones sociales de base, escuelas solidarias de democracia; juntas vecinales (comunales y seguridad ciudadana), activamente democráticas; y, fundamentalmente, necesitamos y requerimos de ciudadanos demócratas, que ejerzan sus derechos con responsabilidad y cumplan sus deberes con oportunidad, pues, sí, prevalecen los derechos sobre los deberes, hay caos; y, sí, priman los deberes sobre los derechos, hay autoritarismo. Debemos propender a un equilibrio de derechos y deberes.

Los demócratas nos inclinamos por la movilización democrática de ciudadanos/as, por la protesta pacífica de los pueblos, y por la participación vecinal informada, organizada, planificada y realizada, ante el Estado en sus tres niveles de Gobierno: local, regional y nacional. Rechazamos, las acciones violentas, destructivas y atentatorias contra la vida, salud, medio ambiente y derechos fundamentales de las personas.

La sociedad civil, en nuestro grandioso Perú, cuenta con una abundante normatividad jurídica, a su favor: Constitución Política del Perú: “Toda persona tiene derecho: a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación” (art. 2.17). “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación” (art. 31). Asimismo, se tiene la siguiente legislación, entre las principales: Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley de Presupuesto Participativo; Ley de Bases de la Descentralización; Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y Ley que autoriza la ejecución de Intervenciones de Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.

Si la sociedad civil, conociera, implementara y ejecutara, esta legislación tendría todo lo que requiere para resolver sus problemas, satisfacer sus necesidades y plasmar sus aspiraciones. Eso nos falta, ejercer ciudadanía.

Aplicando, la legislación citada, haríamos del Estado disfuncional, un Estado efectivo; de la burocracia indolente, un cuerpo de funcionarial productivo; por ende, habría gobernabilidad y gobernanza.