Por: Christian Capuñay Reátegui

Toda pérdida de una vida humana es lamentable y en contextos de conflictividad social quizá más todavía porque implica la incapacidad y el fracaso de todos los mecanismos institucionales para canalizar una situación de tensión a través de medios pacíficos.

Las protestas que de forma periódica surgen en el país suelen culminar con el saldo de vidas perdidas. Recordemos, si no, las muertes de dos jóvenes en las marchas de noviembre del 2020 en Lima; la de doce personas en el paro agrario de diciembre del mismo año en Ica; y el desastre de Bagua, donde 33 personas fallecieron en junio del 2009.

Como puede comprobarse, es una situación que desgraciadamente se repite cada cierto tiempo. Muchas familias terminan quebradas por el dolor de perder a uno de sus integrantes, y la idea de que no hay otro medio que el de la violencia para gestionar los conflictos sociales peligrosamente va calando en vastos sectores nacionales.

Pero que este fenómeno ocurra con periodicidad no debe llevar a nuestra sociedad a permanecer impávida. Por el contrario, debemos exigir con toda energía detener el uso de la violencia desproporcionada como medio para abordar la conflictividad social.

La justicia no ha sido diligente en sancionar a los responsables de tales hechos y es posible que esa sea una de las causas de por qué no hay un mayor cuidado y profesionalismo en el uso de la fuerza.

Por lo tanto, es necesario demandar a las instituciones correspondientes la más exhaustiva investigación para individualizar a los culpables, tanto políticos como materiales, a fin de aplicarles la sanción pertinente y enviar un mensaje en contra de la impunidad.

Toda nación que aspira a consolidarse como sociedad democrática no puede permanecer inmóvil ante situaciones así. Urge no solo exigir sanción a los responsables, sino también llamar al Estado en su conjunto a optimizar los mecanismos de prevención de conflictos para evitarlos, así como evaluar la forma en que este fenómeno es abordado por las fuerzas de seguridad.

No pretendo negar la existencia de sectores violentistas interesados en generar caos a fin de llevar agua para sus molinos. Ellos deben ser neutralizados con todo el peso de la ley y en el contexto del respeto a los derechos humanos. El uso de la fuerza se encuentra normado y debe ejercerse en tal marco, de forma proporcional y racional. Poner orden no debería estar reñido con el respeto a la vida.

Aunque esta premisa genere rechazo en quienes ven a las botas y las balas como único medio para asegurar el orden público, seguirla nos mejora como sociedad y nos legitima para exigir una convivencia pacífica. La fuerza tiene que ser la excepción y no la regla.