Por: Alejandro Paz

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El año 2022 no ha sido el esperado para la gran mayoría de peruanos. Decepciones con el gobierno de Pedro Castillo que debió trabajar por consolidar la izquierda en el país, sin interferencia ningún otro estado que vulnere nuestra soberanía y autodeterminación, culminó con su mandato bajo conductas totalmente reprochables e indefendibles, ausente de veracidad y ética, más allá de sus limitaciones de gestor y capacidades de estadista.

Conocida es la vorágine siempre cuestionada de sus gabinetes ministeriales y funcionarios de su confianza, muchos con antecedentes al margen de la ley y de bajo nivel moral para asumir la conducción de un gobierno de estructura socialista, no totalitarista menos comunista, que hubieren podido encaminar su labor al desarrollo del país; sin embargo, primó la codicia personal y de grupetes con claras evidencias de ignorancia para asumir la conducción de todo un país ávido por luchar contra la pobreza y ansias de bienestar general, con las propias limitaciones que todo sistema tiene, púes ninguno es perfecto mas sí perfectible.

La institucionalidad democrática no fue respetada, avasallada con un mensaje mediocre y sin aparente respaldo, terminó desnudando un vil propósito de asaltar el poder indefinidamente, bajo la mentira, la zozobra, y con bien montada campaña de desconcientización sobre la victimización del mandatario y sus huestes, ocultando actos de corrupción bajo una sórdida voz de un pueblo llevado a la incapacidad de diferenciar valores y virtudes de la persona humana, para decaer en una multitud arrastrada por vándalos sin mensurar que se les impone seguir a extremistas, sin ningún interés social.

No lejos, al frente, convive otro grupo responsable del descontento y desaprobación de quienes viven en extrema pobreza, pobreza e informalidad en el país. Aquéllos, que empezaron a levantar su voz tímidamente y detrás de minúsculos chats, sin darse cuenta que durante décadas se olvidaron de los que tildan de resentidos, cuando los dejaron al abandono y silenciaron con programas asistenciales y bonos de miseria, para gobernar por sus propios intereses y sin mayor control o fiscalización.

Invocan, ahora, a la institucionalidad democrática y gracias a ella se terminó con un gobierno que perdió el rumbo antes de asumir su mandato. Pero, qué se puede esperar de un Poder Legislativo en el que más del cincuenta por ciento de las curules están ocupadas por denunciados y otros prontuariados; los de derecha, centro derecha, centro, centro izquierda, izquierda, extremistas, totalitaristas y demás, que en su mayoría se juntaron para declarar la permanente incapacidad moral del Presidente de la República y su vacancia. Fue un consenso político o un consenso de intereses, que de haber primado leal cordura debieron invocar prontas elecciones generales y no esperar el repudio de la población en todas sus latitudes.

Ya, para este enero de 2023 se han anunciado protestas a nivel nacional. Arequipa, lamentablemente mal entendida cuna de nobles revoluciones cuyos ancestros nuestros se levantaron contra tiranías, de seguro será escenario de enfrentamientos entre foráneos indeseables y las fuerzas del orden. Ahí, hay que juzgar y sancionar a los incitadores, violentistas y los que quebranten la seguridad jurídica del país y entender la labor de pacificación de quienes gracias a su entrega deben asumir la defensa de todo ciudadano, más allá de la propiedad privada o pública. Que sus actos estén dentro de la razonabilidad y proporcionalidad para rechazar toda actividad violentista y contraria a derecho. La sociedad así lo demanda.

Habrá conflictos sociales por resolver, sobre todo los que están alrededor de la minería, sector muy sensible en el sur. No hay que olvidar que Castillo, en su Plan de Gobierno propuso que el Estado debe tomar el control de tres sectores cuya riqueza es exacerbada, el minero, gasífero y petrolero. Sus seguidores que ahora también bregan por su libertad, bajo el propulsar una nueva constitución, insistirán en que la gran minería debe ser nacionalizada; y en la región, entre otros, estaría Cerro Verde, Quellaveco, Buenaventura, Cuajone, Toquepala, éstos dos últimos explotados por el Grupo México.

Aún hay heridas no cicatrizadas en el Valle de Tambo, muertes por Tía María; otros, por derecho del agua, la contaminación ambiental y un rechazo a empresas cuya percepción es negativa por poblaciones cercanas a tales asientos mineros. Así, es difícil esperar que las nuevas autoridades regionales incentiven proyectos mineros similares, que como ya se publicara en este medio “…ha costado vidas, inestabilidad social y económica en la provincia de Islay, en la Región Arequipa con secuelas negativas en el sur del país.”. Cuidado, que pueden ser fogón para toma de carreteras y servir de camuflaje para justificar desmanes y demandas no satisfechas.

No obstante, aún hay atisbos positivos de que Arequipa en el presente año tendrá un mayor desarrollo regional y con mejor conocimiento lo sostiene Miguel Castilla ex ministro del MEF. Deseamos que no solo sean buenos augurios sino junto a él comprometer a otros técnicos y profesionales para que sigan trabajando por el desarrollo del país, ya que su reconocida capacidad y experiencia debiera ser requerida por las ya electas autoridades regionales del país.

Por ello, más allá de un buen esperanzador 2023, se trata de un reto de conciencia social, en el cual deben intervenir nuevos y calificados actores en la política nacional, técnicos, profesionales y representantes de la mayoría de los sectores sociales, desde los desplazados a la incertidumbre hasta los buenos intelectuales que aman al Perú y que no les rebase la indiferencia, porque el Perú nos necesita ahora.