Por: Dany La Torre

La situación política del país seguirá un curso de incertidumbre peligroso durante este año y ‘la lógica del miedo’ permanecerá de forma paralela a las manifestaciones sociales. De acuerdo al politólogo Carlos Timaná Kure, la responsabilidad del Gobierno de Dina Boluarte deberá enmarcarse en la implementación de políticas sociales y asistencia a la población más vulnerable a fin de menguar esta crisis y conllevar a una transición política más estable.

SOSTIENE CARLOS TIMANÁ

Entre sus objetivos, se espera un diálogo que permita explicar la realidad a los principales actores sociales que encabezan estas nuevas manifestaciones. En medio de la radicalización de algunos sectores que piden una Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones durante este año, se olvida los riesgos que permitiría dicha figura, considerando que podríamos ‘tener más de lo mismo’. En el lapso de los próximos meses, el Gobierno también deberá apelar al Congreso para que, con buena voluntad política, se permitan reformas que den estabilidad al país y fortalezcan la institucionalidad.

La región sur del Perú afronta una inestabilidad social tras el inicio de manifestaciones indefinidas. Esto ha propiciado afectaciones de índole económica e incluso de seguridad, ¿qué estrategias debe implementar el Gobierno de Dina Boluarte para contrarrestar esta crisis?

Necesita tener un derroche de política social y de asistencia con la población más vulnerable. Esa situación con la población ha generado un caldo de cultivo para todo este tema de una protesta violenta, creo que esto debe darse en el corto plazo. También se necesita desarrollar los proyectos y viabilizar obras de infraestructura que puedan hacerse. Debe encontrarse una norma transitoria que permita a los ministros articular proyectos. Ahora tenemos problemas con las malas gestiones. Devolvemos más del 50% de nuestros presupuestos y estamos con unas gestiones nuevas que ralentizan todo. La gente quiere soluciones, necesita que sus problemas y demandas sean atendidas. Hasta que no podamos solucionar eso, seguiremos con este clima de exasperación social.

Sin embargo, hay algunos sectores que están más radicalizados. Se niegan a entablar cualquier tipo de diálogo, ¿qué medidas se podrían implementar en esos casos?

Lo que pasa ahí es el tema de la institucionalidad. Ellos están cerrados con el tema de la Asamblea Constituyente. Es como una utopía o un delirio. Ese es el arreglo que ellos quieren, pero podríamos irnos para mal, hay constituciones que salen bien como pasó con Colombia en la del 91, en nuestro caso, la del 93 nos dio la estabilidad macroeconómica que no teníamos, pero puede haber constituciones tan mal redactadas como la chilena que ni se aprobó por ser un suicidio económico y también puede haber constituciones tan malas y que no hay forma de quitarlas como en el caso de Venezuela. No se puede pasar por encima de la institucionalidad y la única forma de atender esa demanda es ganando las elecciones. Creo que el gran problema, es que ellos tienen pésimos congresistas, las personas que están tratando de cambiar la Constitución, de lejos tienen las peores bancadas. En congresistas como María Agüero, quien no ha presentado ningún proyecto de ley, que vota por la vacancia de Castillo y luego pide que no le tengan en cuenta el voto, en una persona así no podemos confiar. Tienen que darse cuenta que hay un despropósito ahí. Una Asamblea Constituyente es generar una especie de congresistas que pueden subirse el sueldo autocráticamente como pasó en Chile y permanecer más tiempo. Sería reemplazar un Congreso por otro. También habría incertidumbre en el momento postconstitucional. En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez puso a todos sus amigos en el Estado y acabó la separación de poderes. También me ha llamado la baja respuesta de las protestas. La gente quiere trabajar, pide solución a sus problemas y no embarcarse en un aventurerismo de tratar de cambiar la Constitución. A Dina Boluarte no le han dejado gobernar

Parte de los reclamos fueron por las muertes causadas en las protestas producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden, ¿Ahí no debería impulsarse la celeridad en las investigaciones para no exacerbar los ánimos de los manifestantes?

Si, yo creo que ahí va la retórica del actual Gobierno que no busca ser confrontacional, por eso salió el actual director de la DINI (Roger Arista Perea), creo que Dina Boluarte se da cuenta que no tiene que ir necesariamente al choque, pudo haber excesos, pero ella no los ordenó, no tiene ninguna responsabilidad política en ello. Uno con cuatro días en el cargo trata de preservar la institucionalidad, pero al tratarse de casos penales, tiene que revisarse caso por caso y los responsables respondan. Sin embargo, políticamente a cada Gobierno lo que le toca es preservar el principio de autoridad para preservar el orden constitucional. La Constitución nos permite tener una autocracia, eso ayuda a que no tengamos un Gobierno dictador o un gobierno autoritario porque es la ley que debe regir. Tratar de tumbarse la Constitución por cualquier medio nos llevaría a un caos que resulta mucho más contraproducente. Los eventos fueron dramáticos, pero la responsabilidad es de Pedro Castillo. Esos atentados a los aeropuertos no se hubiesen logrado generar sin planeación. En el caso de Arequipa no hubo ni un solo cristal dañado, es decir, no se trató de una turba que ingresó con rabia a destruirlo todo, fueron únicamente y exclusivamente los radares porque querían dejar inoperativo el aeropuerto por algunos días. Ahí se ve la forma como da el autogolpe, la forma en cómo se dio después de un feriado largo para poder azuzar a la población, en todo ese tipo de cosas había un culpable y el responsable es Pedro Castillo.

Los manifestantes piden el adelanto de elecciones generales para este año y se muestran intransigentes a la propuesta del Ejecutivo (abril del 2024), ¿Cuál debe ser la respuesta del Ejecutivo?

Hay dos puntos por analizar. El primero es que las personas que votaron por Pedro Castillo, que fue la mayoría en el sur del país, tienen que aceptar que votaron por una fórmula que es el presidente y un vicepresidente. No hubo un cambio. Si Dina renuncia antes, se terminaría materializando lo que señalan los que piden una Asamblea Constituyente, tendríamos una dictadura del Congreso. Por sucesión constitucional, le tocaría al presidente del Congreso ocupar la presidencia. Ahí viene el problema del adelanto de elecciones para el 2023, no hay un tema de garantías para los partidos para hacer un mejor trabajo que las elecciones pasadas porque está toda la lógica del miedo. Entonces entraríamos con unos improvisados para desalojar a otros improvisados y el país no da para más. Lo otro es que no hay grandes candidatos presidenciales. La única figura grande dentro de la izquierda es Antauro Humala, pero ahí pasaríamos de un gobierno negligente de izquierda como el de Pedro Castillo, a un aventurerismo que es medio fascista. Estaríamos peor. Lo tercero es que el problema es de política pública y gestión. La gente quiere agua y empleo, pero si no generamos infraestructura, sino llegan los servicios públicos a la gente y no hay mejoras en la educación considerando que estamos saliendo de dos años de pandemia, entonces el gran problema que hay es de gestión. A medida que Dina Boluarte pueda asesorarse mejor y tener buenos ministros, le damos más tiempo al aparato político para tener mejores candidatos. Unas elecciones en 2023 nos van a llevar a gente impresentable. Con la lógica del cupo, todo el que tenga los 200 mil dólares para comprarlo, va a ser peor y seguirá la crisis.

En estos últimos días ha tenido resonancia la idea de una ‘independización del sur’ por parte de dirigentes como Felipe Domínguez, ¿qué análisis permite este tipo de ideas?, ¿podemos hablar de un agotamiento del centralismo limeño?

Es un problema de gestión. En Arequipa, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad fuerte y no existen los especialistas, nos toca ir hasta Lima. Si nos independizamos de Lima, tendríamos que irnos incluso hasta La Paz (Bolivia). Todavía no nos hemos hecho responsables. Esa es la gran discusión que hay con todas las autoridades. Siempre que hablo con ellos, incluido Victor Hugo Rivera, nunca piensan que ellos son los responsables de que las cosas marchen. Por lo menos en Lima tenemos unos ministros con un poco más de capacidad en entender la responsabilidad política y hay por lo menos un tipo de diálogo que se puede pensar, pero esto no sucede con los alcaldes ni gobernadores, ninguno se siente responsable. El perfil que yo más veo es uno similar al de Cáceres Llica. Recordemos que este personaje no quiso hacerse cargo de la pandemia y nos tocó que Lima nombrara un general para hacer el trabajo de Llica (…) Cuando yo les ofrecí la propuesta de capacitaciones de formación a ellos fueron muy soberbios, ellos me dicen que no necesitan formarse para ocupar cargos y entonces, ¿vamos a dejar que la política pública de la salud y servicios básicos de la población pasen a manos de dirigentes que solo están pensando en cuál es porcentaje que les va a quedar de los contratos? Hay obras mal hechas que tienen la finalidad de rasguñar los presupuestos. Pasaríamos del tercer mundo al cuarto, entonces si estos dirigentes nunca han sentido sobre cómo están esos conos de olvidados, con la independencia no tendríamos nada de institucionalidad y podría haber hasta peleas entre regiones vecinas a fin de ver quién sería la capital. Es un problema de desconocimiento de la población.

Gran parte de la población ahora asume al Congreso de la República como el mayor problema, me atrevería decir que incluso más que la presidenta Boluarte…

El Congreso sí es un problema, pero es un problema necesario, quienes elegimos al Congreso fuimos nosotros, si no nos gustaron, quienes los elegimos fuimos nosotros. La institucionalidad democrática y representativa del Congreso impide que nos metamos en la Asamblea Constituyente porque la Constitución permite cambios constitucionales a través del Congreso. Veamos el caso de Pedro Castillo. Él no iba a ser vacado, tenía asegurado 40 votos, ese mismo miércoles 7 de diciembre iba a pasar lo mismo, pero ante la retórica previa siempre le echaba la culpa al Congreso. El Congreso es lo único permite la Asamblea Constituyente. Cuando estuvimos en la gestión de Vizcarra estuvimos entre 4 a 5 meses sin Congreso y con esa mayoría fujimorista que había en el parlamento, la gente odiaba el Congreso, Vizcarra tenía todo el poder, la gente veía que el Congreso no era muy necesario y Vizcarra logró hacer una muy buena comunicación política, esa es la fórmula que pretendían usar los que quieren cambiar la Constitución. Pero el problema es que esas personas tienen a un Vladimir Cerrón que no quiere soltar el poder. El sueño que ellos tenían era tirarse al Congreso por tierra.

Con todas estas consideraciones, ¿Cuál es el panorama político que nos espera en todo el año 2023?

Va a haber inestabilidad. El Congreso tiene la tarea pendiente de hacer las reformas políticas para que haya unas mejores elecciones. Se tiene que quitar esa prohibición de que haya una reelección del Congreso porque hemos caído con gente sin nada de experiencia y de horizontes. No hay discusiones que valgan la pena. La carrera política en el Congreso es válida, si tú haces un buen trabajo, deberías de poder quedarte. Con todos esos problemas, tener un Victor Andrés García Belaunde, Jhony Lescano o un Mauricio Mulder, subiría más el nivel de discusión política que hoy no se puede sostener. No se puede hablar con personas como Zaira Arias o Ernesto Bustamante que es fujimorista. Tampoco me parece descabellado tener una bicameralidad. Los senadores en el Perú tenían una tradición de ser personas preparadas, también para una circunscripción nacional donde haya gente que tenga mayor representatividad a nivel nacional, eso sería bueno. También es necesario acabar los cupos, es necesario que solo los militantes puedan conformar las listas y que haya elecciones internas. Ahora hay la venta de cupos en partidos. Se necesita que no haya transfuguismo. Una reforma adicional también sería recortar periodos, que ya no sean cinco sino cuatro años y darles tiempo a los políticos para que empiecen su turno. Con eso se puede dar más salidas de cambio favorable.