— Redacción Diario El Pueblo —

El Gobierno de Dina Boluarte prorrogó la vigencia de la inmovilización social obligatoria en el departamento de Puno por 10 días calendario, a partir de hoy miércoles 25 de enero, por lo cual todas las personas deberán permanecer en su domicilio desde las 20:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente.

La medida es complementaria al estado de emergencia dispuesto por Decreto Supremo 009-2023-PCM debido la escalada en la conflictividad social en Puno, donde se han registrado manifestaciones y además actos de violencia contra las instituciones públicas y privadas, así como agresiones contra la integridad personal de los ciudadanos y las autoridades.

El Decreto Supremo 013-2023-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que durante el toque de queda las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

Durante la inmovilización se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de salud, medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca y acuicultura, transporte, vigilancia y seguridad, delivery, restaurantes y hoteles, asistencia, servicios financieros, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y actividades conexas.

CONTINGENTE MILITAR

Asimismo, un contingente del Ejército se desplazó ayer desde Moquegua con destino a Puno, donde se han ubicado las principales protestas contra el gobierno, reporta el periodista de investigación Miguel Gutiérrez. Las imágenes muestran a los militares avanzando por los cerros a través del distrito de Laraqueri.

El portal Nativa señaló que hubo momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes no quisieron permitirles el paso. Boluarte no mencionó la medida en su conferencia con la prensa extranjera, realizada por la tarde, aunque indicó que en esta región fronteriza con Bolivia su Gobierno busca el diálogo, sin éxito.

“Hemos enviado a Puno a nuestros ministros hace aproximadamente tres semanas. El gobernador no ha querido recibir, se ha querido reunir con el fiscal en la región y tampoco quiso recibirnos. Luego hemos mandado una Comisión de Alto Nivel a Puno [y tampoco] prosperó”, dijo la jefa de Estado. Agregó que su administración debe “proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos” porque “Puno no es el Perú”.

“Las fuerzas policiales actuarán dentro del protocolo, la ley y constitución que los ampara. La violencia no puede generar espacios donde se pueda poner en riesgo la vida y la tranquilidad de millones de peruanos”, sentenció.