— Redacción Diario El Pueblo —

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará la apelación presentada por el empresario Zamir Villaverde para que se autorice su salida del país, para asistir a una cita médica en España.

La audiencia virtual se ha programado para el próximo martes, 7 de febrero, a las 10:00 a.m., en la que tanto la defensa legal de Villaverde como el Ministerio Público presentarán sus alegatos sobre dicha causa.

Revocatoria de fallo

Cabe precisar que un fallo del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ya declaró infundado el pedido del investigado empresario para viajar a España entre el 1 y el 20 del presente mes.

La decisión de la jueza Soledad Barrueto, quien denegó la solicitud, evaluó que el viaje para asistir a la cita médica no era «el único medio» ni «el más idóneo» para dicho fin.

«Existen otros medios establecidos para alcanzar ese objeto, como es el acceso a las plataformas digitales, que es un moderado proceder teniendo en cuenta que la libertad ambulatoria del investigado ha sido limitada por una garantía penal constitucionalizada cuya finalidad es la averiguación de la verdad», señala dicho fallo del pasado 27 de enero.

«Hay muchas más razones en favor de salvaguardar la garantía procesal para no autorizar el viaje al extranjero, por tanto, la medida denegatoria del viaje del investigado es idónea para salvaguardar el impedimento de salida del país, es necesaria, en tanto, existen otras vías que puede utilizar el investigado», agrega el documento.

En ese sentido, la defensa de Villaverde argumenta en su apelación que no se han valorado adecuadamente los medios de prueba ofrecidos y que no se ha efectuado un adecuado examen de proporcionalidad para que se autorice su salida del país para asistir a una cita médica con un neurólogo en una clínica en la ciudad de Madrid en España.

Vale señalar que el 16 de agosto del 2022, el Poder Judicial determinó 18 meses de impedimento de salida del país contra Zamir Villaverde, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos como parte de la supuesta red criminal que habría operado durante la presidencia de Pedro Castillo.