Por: Carlos Meneses

“Todo obstáculo al conocimiento público que hagan los funcionarios es algo que viola la libertad de prensa”.

Acaba de revelarse que los periodistas nacionales, incluidos los de Arequipa tienen una limitación para ingresar a los locales del Gobierno Regional y entrevistar a funcionarios que tienen responsabilidades gerenciales.

Antes la restricción estaba referida a una exigencia de acreditar la condición de dama o caballero de prensa ante los porteros requisito suficiente que, eventualmente, era canjeado por un pase. Pero ahora existe la obligación de precisar a quién se quiere entrevistar y además merecer una favorable respuesta del funcionario para lograr entrar y llegar al despacho que corresponda para interrogar.

Esta regla no puede tener otra interpretación que la de restringir el derecho que asiste al periodista y a sus lectores, televidentes u oyentes de conocer la realidad de los problemas que se confrontan y la forma en que el gobierno regional los está tratando a prácticamente 2 meses del inicio de una nueva gestión, luego del régimen transitorio de Kimmerlee Gutiérrez.

Son las trabas que se inventan los que en el fondo no quieren dar cuenta de sus actos a la comunidad en general, pues faltaba agregar a la condicionante expresada el que si le parece bien al entrevistado buscado la conteste o la decline.

Hace unos días y desde estas mismas páginas, hemos reclamado que las regiones y los municipios tienen la obligación de informar a la comunidad en general sobre lo que hacen y más aún relacionado a los sucesos derivados de la crisis y del mal tiempo que requieren de una atención preferente de la administración pública.

Esta demanda va por igual a los municipios, frecuentemente, cuestionados por no invertir adecuadamente el dinero que se les otorga para atender las emergencias derivadas de huaicos, lluvias o estado de la obra pública en general especialmente en colegios próximos a iniciar clases.