Por: Alejandro Paz

La hipocresía, al parecer es ya consustancial político, de quien esconde sus verdaderas intenciones y real personalidad para fingir valores y firmeza en su decir; sin embargo, es notorio su falso discurso u opinión que no resiste mejor motivación, sino que evidencia el burdo actuar que no se condice con discernimiento cercano a lo razonable, que busca aceptación de un electorado necio y que también pretende un resultado ligado a la anarquía, ocultando su propia ignorancia.

En las últimas semanas, representantes de organizaciones extremistas, moderados, políticos e insensatos analistas, vienen demandado a la presidenta Boluarte el adelanto de elecciones, la pacificación del país, caso contrario que renuncie.

El adelanto de elecciones pasa primero por el Congreso. Cuyos congresistas, han perdido legitimidad por su obrar contrario al deber ético y de responder a una demanda casi generalizada del electorado, de todos los tintes y matices políticos. No obstante, han evidenciado su interés por permanecer en su apetitosa curul, de seguir gozando de los beneficios de ser parlamentario, haciendo uso de su reglamentación para dilatar, posponer y negarse a aprobar el adelanto de elecciones.

Guerra García de Fuerza Popular y el ex marino Montoya de Renovación Popular, pareciera que juegan en dupla para no materializar el adelanto de elecciones, y lo más vergonzoso es que se les sume congresistas de Perú Libre y sus satélites, siendo estos los que han venido alentando manifestaciones violentistas en procura del cierre del Congreso según boca de sus seguidores, entre otras demandas.

Al igual, es falto de mesura que el alcalde de Lima refiera que es inconstitucional el adelanto de elecciones porque el mandato del congresista es irrenunciable; mas nadie habla de su renuncia, sino de la terminación anticipada del mandato congresal y en todo caso, aprobada la reforma constitucional, no se viola la constitución. Es una postura política, osada, que busca un escaparte para tener presencia en el escenario nacional, cuando debiera abocarse a solucionar los problemas de la ciudad que representa; claro está que su derecho de opinión no se restringe, pero vemos que converge con posturas extremistas.

La renuncia de Boluarte si no pacifica el país es una demanda infame, propia de politiqueros que deshonran al buen político. Para pacificar el país no se requiere de una norma, sino del uso de la represión por parte del Estado para restablecer el orden social. Pero, se puede demandar pacificar el país si al hacer uso de la fuerza pública se denuncia a la presidenta y ministros, amén de los policías y militares que en cumplimiento de la orden debida igual avizoran ser denunciados por la Fiscalía y el propio Congreso, poniendo en riesgo su integridad, libertad personal y su vida?. Cómo se puede entonces demandar pacificación sin costo social. Por ahí, ya se ha planteado una amnistía. Es razonable y debiera evaluarse el hacer uso de este mecanismo constitucional y democrático en bien del orden y pacificación nacional. No nos vengan con derechos humanos sesgados, pues los derechos humanos son de todos y para todos. Quienes infringen y enfrentan el quebrantamiento de la ley, son susceptibles de condenas como de sufrir lesiones en un escenario de violencia al cual se someten por su propia decisión.

Si Boluarte renuncia, no se da solución inmediata al cierre del Congreso. Será el Presidente del Congreso quien llame a elecciones, y como ya se ha expresado en este cuestionado poder del estado, las elecciones no serían generales, sino de Presidente y vicepresidentes. Otro absurdo y uso abusivo del derecho. Ello, sin perder de vista que de por medio estará la elección de una nueva mesa directiva del Congreso, y su importancia radica en que políticamente tendrá bajo manga los intereses de su grupo, no del país.

La presidenta Boluarte ha cometido errores que cuestan darle más apoyo. Viene de un desprestigiado Perú Libre, cuyo máximo dirigente está involucrado en denuncias, investigaciones y condenas. Aun cuando no se esté de acuerdo con su investidura, parece tener en claro que su permanencia y objetivo de lograr el adelanto de elecciones en algo tranquilizará las manifestaciones sociales. Más allá del deseo de procurarse un espacio de gobernabilidad y pacificar el país, el sector de Castillo y extremistas no le perdonan el estar en el poder y gobernar sin su participación, sin niños, sin corrupción, el dejar a su otrora líder en prisión, y sobre todo, que les enfrente con las fuerzas del orden en su frente natural de lucha, en las calles.

Los que piden la renuncia de la primera mandataria, en el contexto descrito, están contaminados de la siempre insana hipocresía. Tal vez no es la presidenta deseada, pero fue electa en la plancha presidencial avalada por Jorge Luis Salas desde el JNE, quien ahora postula gestar un proceso de elecciones con reformas legislativas que debilitan la democracia interna de los partidos políticos o que, en otros casos, partidos que están en proceso de inscripción no les alcance el tiempo para participar en demandadas elecciones adelantadas.

La sostenibilidad y fortaleza de la democracia importa deponer apetitos individuales o de pequeños grupos que sin escrúpulos efectúan demandas con un alto costo que ellos mismos son incapaces de asumir, como la responsabilidad de pacificar el país haciendo uso de la fuerza pública. Sin hipocresía y sin cobardía, mejor guarden silencio. Necesitamos, como país, restablecer el orden político, social y superar ya la crisis económica cuyas consecuencias están en los mercados, en desmedro de hogares que ven en crecimiento su nivel de pobreza. El problema no es de una región, es de muchas regiones, golpeadas por el centralismo de Lima. Hay que trabajar por una agenda de consensos, con una nueva representación política, elegida racionalmente, sin congresistas corruptos, procesados o investigados por delitos dolosos, sentenciados, de baja ética, moral cuestionada. Les guste o no, esa representación es indeseable. Debe garantizarse la presencia de representantes aceptables, para no demandar renuncias ficticias. Así, en parte, se fortalece la democracia.