Por: Martín Taype – El Montonero

En nuestro país y en el mundo, los inversionistas tienen presentes las oportunidades de negocio que les brinda una economía con fundamentos macroeconómicos estables para sus decisiones empresariales. Pero también toman en cuenta factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.

La corrupción es un gran lastre que impide que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley, para ello, también, es fundamental tener un Poder Judicial objetivo, eficiente y eficaz.

Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, tanto en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, y también sobre la clase política en general.

“El año pasado, a nivel de todo el Perú, se perdieron más de S/ 25,000 millones, eso significa que de cada S/ 100 que se gasta en el país unos S/ 13 se pierden porque se los roban, hay ineficiencia, despilfarro o incompetencia. Si hiciéramos lo necesario, si perdiéramos la mitad no habría pobres porque la brecha de pobreza monetaria es como de S/ 12,000 millones”, dijo Nelson Shack, contralor general de la República, en una nota informativa del portal web del diario Gestión, el pasado 30 de enero del 2023.

Shack dijo además que “el año pasado se identificaron responsabilidades en 8,730 funcionarios públicos. De todos ellos, unos 3,000 son del Gobierno nacional y el 93% del presupuesto público lo ejecuta el Poder Ejecutivo. No es posible que haya una lucha contra la corrupción efectiva si no hay sanción ejemplar. Eso significa que hay que fortalecer las instituciones, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía”.

La corrupción devasta nuestro país, lo cual es insostenible e inaceptable, y es necesario que esta situación se revierta. Para ello todos los implicados en casos de corrupción deben ser objetivamente investigados y sancionados de manera implacable, conforme al marco legal vigente.

Existe responsabilidad del corrupto y del corruptor, siendo tarea de todos combatirla y denunciar, pero también formar a las nuevas generaciones con sólidos valores éticos y morales.

Solo así esta situación se revertirá y la ciudadanía como los inversionistas, tanto locales como extranjeros, podrán recuperar la confianza en el Estado peruano y sus instituciones públicas y privadas.