Por: Manuel Bedregal Salas

Así como la teta de la galardonada película de Claudia Llosa, nuestro Estado está en pánico por todo lo que está pasando. Como un chico malcriado que se porta mal y sabe que le espera un severo castigo, así. Con los últimos presidentes presos o encauzados, salvo Sagasti, la burocracia peruana tiembla.

Aún vemos a algunos ministros y funcionarios del gobierno de Fujimori encarcelados y tenemos muy presente que uno de nuestros presidentes recientes se suicidó – sin importarle el joven huérfano que, seguramente, iba a necesitar de él- porque consideró innecesario aclarar las imputaciones de la Fiscalía creando una duda histórica sin respuesta.

Es el temor de quienes no están seguros profesionalmente porque sus decisiones técnicas carecen del suficiente soporte de conocimientos -las escuelas y centros de salud se caen solos, los puentes se desploman, las calles recién hechas se rompen, los huaicos se llevan pueblos enteros, los proyectos no se concluyen o terminan costando varias veces lo presupuestado, los gobiernos locales y regionales todos los años devuelven millones de soles al gobierno central por falta de capacidad de gestión. También porque es imposible conocer las infinitas normas del trabajo en el sector estatal.

Recordemos que en el Estado sólo se puede hacer lo que la ley permite, a diferencia del sector privado donde se hace todo lo que la ley no prohíbe. En el Estado no se motiva al trabajador, no se le evalúa por resultados sino por aspectos subjetivos.

Los resultados no interesan -por eso son pésimos en la mayoría, por no decir en todos los casos. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) encargada de diseñar y aplicar líneas de carrera y meritocracia en el sector público -proyecto de altísima prioridad- está paralizada porque hay quienes prefieren funcionarios incapaces para hacer de las suyas.

Las sanciones administrativas que pesan sobre miles de trabajadores públicos carecen de un criterio de resultados de gestión. Mientras a la Contraloría se le escapan las tortugas -Lava Jato incluido- se entretiene cazando mariposas que ya volaron a otros lares.

El Estado se rige por pésimas normas que coadyuvan a la mala gestión y espantan al talento humano. Hay pánico también, porque ahora contamos con más y mejor información sobre las actividades y decisiones de las autoridades de todo nivel y existen profesionales y organizaciones que hacen seguimiento al uso de los dineros públicos; porque la prensa está ávida de destapes y escándalos compitiendo con sus programas domingueros por un espacio en el control remoto de la tele. Porque en el Perú somos chismosos y porque se tiene mucho miedo -con razón- al: “Miente que algo queda” usado para desprestigiar al contrincante político. Porque “la pita se rompe por el lado más débil” y porque muchos funcionarios públicos necesitan la “chamba” ya que difícilmente se recolocarían en el sector privado.

El resultado es que casi nadie quiere firmar algo. No se asume responsabilidades y el Estado – que maneja la mayor cantidad de recursos en el país- se paraliza, no redistribuye o lo hace mal, privando a los ciudadanos de los bienes y servicios que mejorarían su calidad de vida.

Reformar el Estado, su organización y normas -empezando por el Sistema de Inversión Pública- es primordial si queremos avanzar. El Estado actual ha fallado y está asustado. No ha acompañado el esfuerzo privado. La mayoría de agentes económicos no reconocen el beneficio de pagar impuestos, tener seguridad social y jubilación, optando por la informalidad que pone en riesgo su futuro.

Para terminar este cuento de terror, hay quienes creen que una “nueva Constitución” que aumente el poder del Estado, cambiará las cosas; que un texto -ahora sí bien hecho, según ellos- hará que los funcionarios públicos se transformen en técnicos competentes, honestos y con vocación de servicio. Es que actualmente se repiten consignas tan absurdas y con tanta vehemencia que las mentiras empiezan a parecernos verdad.