Por: Cecilia Bákula – El Montonero

Con frecuencia escuchamos diversas opiniones sobre la necesidad y/o conveniencia de que el Perú denuncie la Convención de Derechos Humanos y se retire, por lo tanto, del pacto de San José. Confieso que esa idea rondó alguna vez también por mi cabeza, pero debo ser franca al reconocer que no es así de simple la aplicación de esa idea. Es necesario pensar muy bien ese asunto y no sucumbir a una idea ligera al respecto.

Creo que poco se sabe, en realidad de lo que hay detrás de esa Convención y del llamado “Pacto de San José”, suscrito ahora por 23 países, que si bien tuvo su inicio en 1969, entró en vigor en 1978, con la finalidad de dar cumplimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo origen se remonta a la necesidad, nunca superada, de definir, proteger y promover los derechos de los ciudadanos contra los abusos y excesos de los Estados, cuando éstos se pudieran exceder en la aplicación de las normas y en la desatención de los derechos del hombre.

Vale recordar que esos “derechos y deberes” fueron reconocidos y promulgados en 1948 cuando se creó la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cierto es que en tiempos recientes, cuando olas de violencia han sacudido nuestro país y hemos visto que, también, en temas políticos la impunidad pareciera ganar terreno y que es la mayoría ciudadana la que aparece como indefensa y con derechos desprotegidos, hay voces que se levantan señalando que “retirarnos” del Pacto de San José sería una solución como que si la varita mágica de la justicia estuviera fuera de nuestro país, cuando está en nuestras autoridades y en nuestro propio sistema judicial, procesal, carcelario y penal. No está fuera de nuestra propia esfera.

También es verdad que muchas veces reclamamos la posibilidad de que se pueda aplicar la pena de muerte, prohibida expresamente como castigo en la Convención que comento, pero aun no hemos sido capaces de desarrollar un maduro diálogo ciudadano sobre las consecuencias de la aplicación de ese castigo supremo, castigo que San José prohíbe de manera taxativa.

Un sistema carcelario como el que tenemos, que denigra sobremanera, que enseña a delinquir más, que hacina, humilla, pervierte, y en nada regenera, no puede siquiera pretender pensar que la pena de muerte sea, en caso alguno, una solución ni una redención ante la sociedad.

No digo que el Perú deba dejar de reflexionar y pensar siempre con soberanía su posición frente a su permanencia como parte de las Convenciones de las que es parte, pero debe hacerlo con madurez ciudadana y política, con una actitud del todo atenta y distante a criterios oportunistas y con conductas muy alejadas de las antojadizas posturas de momento. Denunciar el Pacto de San José significaría no solo el retiro de ese acuerdo, sino que implicaría que el país, todos nosotros, dejaríamos de estar sometidos a los órganos que se asocian a él, como son la propia Corte de Justicia de San José y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso, pues, significaría, que la población quedaría del todo desprotegida en caso de que alguna persona o grupo pudiera ser víctima de que el Estado vulnere sus derechos, incluyendo que se aplique, con gran arbitrariedad la pena de muerte.

En la actualidad sólo dos países se han retirado del Pacto de San José y han denunciado la Convención: Venezuela y Trinidad Tobago y ¡vaya que vemos las consecuencias de su decisión!; poblaciones realmente desamparadas y sometidas a arbitrariedades extremas.

No quiero decir que en nuestro caso la justicia sea perfecta; quiero decir que la solución no está en decir que el remedio lo pueden poner otros, que la medicina está en el exterior. Somos nosotros los que tenemos la obligación de asumirnos como lo que somos: una Nación adulta, capaz, digna y que puede trabajar con las armas de su ley y mejorar la aplicación de justicia interna, depende de nosotros.

Recientemente vi un proyecto de ley cuyo único objetivo es denunciar el Pacto de San José para poder aplicar la pena de muerte como castigo. Repito lo que señalo líneas arriba: esa decisión no puede ser tan solo el producto de un desarrollo gramatical o de una simplista propuesta jurídica; el tema va mucho más allá.

No se trata de calificar de caviares o no, de rojos o no. Las consecuencias pueden ser muy graves y las obligaciones de los legisladores y de quienes los asesoran, que, aparentemente, saben poco de lo que asesoran, es pensar no solo en el efímero hoy, sino en el largo mañana pues necesitamos pensar en que necesitamos, mañana, defendernos de lo que podría ser la conducta desquiciada de gobiernos totalitarios.

Reconozco que la tentación simplista de creer que saliéndose de San José todo podría ser más sencillo frente a una aparente escalada de desprotección ciudadana y de crecimiento de los “anti derechos” ciudadanos, es decir, de la indefensión de los individuos, porque pareciera que prevalecen los derechos de los otros ante los pocos derechos de los menos. Pero no es así. Lo que está equivocado en el planteamiento simplista no es el ser parte o no de una Convención. Lo que está mal es la aplicación del sistema judicial, la mala interpretación que hacen algunos jueces de las normas, la corrupción en algunos niveles del sistema penitenciario y eso, no se soluciona denunciando una Convención que, por lo demás, no nos liberaría de lo que se pretende quedar libres de la noche a la mañana, pues tiene, dentro de las propias normas, un protocolo a seguir para que se dé cumplimiento a ese retiro definitivo.

Puedo comprender que en este momento los ánimos están un tanto exacerbados, pero no por ello podemos dejar de reconocer que en la Convención se abordan algunos derechos que debemos proteger siempre como son los de no estar sometidos a torturas, trabajos forzados, esclavitud, tener protección jurídica, libertad personal y presunción de inocencia y el fundamental derecho a la vida desde la concepción.

El que en algunos casos, cierto es, se haya fallado en contra del Estado peruano y a favor de terroristas que hicieron mucho, muchísimo daño al Perú, no implica que todo lo que está asociado al Pacto de San José se pueda relacionar exclusivamente con una tendencia en ese sentido. Quizá el Perú tenga, también, que agilizar su sistema judicial de defensa del Estado y ser menos permisivo y más pro activo en ese sentido.

Creo que tomar una decisión respecto a denunciar o no una Convención es un asunto de gravísima responsabilidad e importancia futura. No puede ni debe ser objeto de un capricho transitorio ni circunstancial. Es un tema que requiere un debate de gran envergadura y, desde mi punto de vista, no puede ser asumido por una representación nacional tan poco representativa como la actual, sino como consecuencia de un diálogo académico, ciudadano, responsable, reposado y pausado. Eso toma tiempo y, como se ha dicho con sabiduría, en tiempos de crisis, todo cambio hecho con ligereza no lleva a buen puerto.