Por: Carlos Meneses

“Todo lo que signifique dificultad para conseguir información y buscar verdades en lo que se transmite a los lectores, oyentes o radioyentes entraña riesgo de ocultar lo que se quiere esconder”.

Durante los problemas políticos sociales, de los últimos meses, fue frecuente el conflicto entre actitudes del gobierno y el ejercicio del derecho de libre expresión e información periodística.

Por lo que el Poder Ejecutivo consideró prudente establecer un protocolo que funcionara en tal tipo de problemas para, según el gobierno, proteger el trabajo de los periodistas y por el lado de la prensa las opiniones discrepantes estuvieron a cargo del Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional Periodistas del Perú.

Lo que en realidad persigue el protocolo es limitar el desempeño del quehacer periodístico durante las manifestaciones de protesta que pudieran realizarse, fijando lugares donde puedan permanecer los periodistas limitando sus desplazamientos y la frecuencia con que se han registrado incidentes.

Plantean una disyuntiva contraria a los propósitos que se anuncian y más bien favorece la posición de que se trata de restringir el trabajo de la prensa que es un problema que se inició con el régimen de Castillo quien se negó en todo momento a dialogar con la prensa peruana, prefiriendo, en algún lamentable caso, hablar con corresponsales extranjeros que aprovecharon la oportunidad para no solamente maltratar al régimen de gobierno sino de paso perjudicar la imagen del país.

En todo caso ante una alternativa como la que plantea el Ejecutivo, se debe contestar que al periodismo hay que dejarlo trabajar y si resultamos teniendo mártires, estos serán sacrificios propios de una profesión o de un oficio de buscar verdades en nuestro país.