Por: Christian Capuñay Reátegui

Frente a los desastres naturales, el Estado ha asumido históricamente una actitud reactiva; es decir, responde cuando la emergencia ha sido declarada y ya es inevitable sufrir sus consecuencias. Así, tenemos que solo queda desplegar acciones para mitigar los daños y brindar soporte a la población afectada.

Tal característica no es mala. Por el contrario, se cumple la obligación de proteger a los ciudadanos. No obstante, ante fenómenos naturales recurrentes en nuestro territorio, como las inundaciones causadas por las lluvias que cada cierto tiempo arrecian, sería necesario mostrar una actuación más proactiva y tomar la iniciativa para desarrollar estrategias que reduzcan los daños causados por tales contingencias.

¿Por qué no se procede de ese modo si es evidente que, como dice el viejo y manido refrán, prevenir es mejor que lamentar? Una de las explicaciones sería la ineficiencia del Estado cuando se trata de emprender obras de relativa magnitud. Tal inoperatividad es transversal a todos los niveles de gobierno. Según la Contraloría General de la República, a fines de enero había 161 obras paralizadas cuya responsabilidad la tienen tanto el Gobierno central, como los gobiernos regionales y locales.

Se dice que las regiones carecen de capacidad técnica para ejecutar la inversión en infraestructura, pero lo cierto es que el Gobierno central presenta la misma limitación cuando se trata de concretar proyectos. Al respecto, el informe de la Contraloría General de la República consigna que la mayoría de las iniciativas paralizadas (55.6%) están bajo la responsabilidad del Ejecutivo.

Los mecanismos diseñados para superar esta deficiencia no parecen haber resuelto el problema de fondo. Si bien las asociaciones público- privadas o los acuerdos de gobierno a gobierno facilitaron avances en otros ámbitos, no han logrado agilizar las obras incluidas en el plan de reconstrucción de la infraestructura dañada por las lluvias del 2017. Según la Contraloría, a la fecha hay más de 100 obras detenidas en el norte del país, las cuales, si estuvieran terminadas, tal vez habrían contribuido a que el norte soporte mejor el embate de las precipitaciones ocasionadas por el ciclón Yaku.

El problema central no son las lluvias ni los desastres naturales, como sí lo es la incapacidad de concretar lo que se planifica para reducir sus efectos y esta deficiencia inherente del Estado ocasiona terribles males al país. No solo cobra vidas, sino también causa millones en pérdidas por los daños a la infraestructura y a actividades económicas centrales, como la agricultura.

Algo debería hacerse, pero la solución no puede ser entregar todo al sector privado, como lo plantean algunos, en teoría, liberales. Superar este inconveniente exige superar una ineficiencia estatal que puede palparse no solo en la ejecución de las obras de gran magnitud, sino también en otros ámbitos de impacto directo para los ciudadanos.