Por: Carlos Meneses

“Es de esperar que esta iniciativa no prospere cuando el asunto llegue al Pleno del Congreso”.

Siempre se ha dicho que la mejor garantía del ejercicio de libertad de prensa es que no tenga ni protocolos ni leyes de las que se digan que se trata de mantenerla en el mejor nivel de respeto al derecho ciudadano de estar informado.

Por eso ha preocupado a la entidad empresarial Consejo de la Prensa Peruana y a las organizaciones periodísticas como la Asociación Nacional, la Federación de Periodistas del Perú e incluso a organismos internacionales, cuyas alarmas se sienten en todo el continente, que en el Congreso se haya dado aprobación a un protocolo que eleva las penas que se aplican a los periodistas en casos de difamación.

Según los diaristas, hombres de radio y televisión, los juicios que inician hombres o entidades de gobierno siempre tienen el propósito de silenciar lo que tiene derecho el ciudadano a ver plenamente esclarecido.

Hasta ahora son muy raros los casos en que alguien gana un juicio de este tipo. La difamación o la calumnia son pretextos que se utilizan para callar a una prensa disconforme que tenga el auténtico deseo de alcanzar verdades y que no suponga una pena judicial que pueda enviar a prisión a quien ejerce el derecho de interrogar en búsqueda de la verdad.

Es curioso que la aprobación de una norma semejante haya sido iniciada, justamente, por un militante de Perú Libre, como es el señor Américo Gonza quien no tiene y no ha tenido, antes de ahora, ningún inconveniente en mal hablar de la prensa independiente colgándole el sambenito de derechista y de golpista.

Desde luego, el señor Gonza parece haber olvidado lo que ocurrió el 7 de diciembre cuando el país se sorprendió con un presidente que a mediodía de un viernes se animó a proclamar la disolución del Congreso y de todo organismo que diera carácter real a una democracia.