Por: Alejandro Paz

Desde inicios de marzo se avizoró la presencia del ciclón Yaku, como un sistema de presión baja con capacidad suficiente para provocar lluvias inesperadas, sobre todo en las regiones del norte del país, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Ancash extendiéndose finalmente hasta Lima.

Se estima un registro de 61 muertos, 12 200 damnificados, 1330 viviendas destruidas y un aproximado en pérdidas económicas por 4,000 millones de dólares americanos, según declarara el ex ministro de Economía, Alfonso Segura.

La respuesta del gobierno es crítica y no logra aún un buen comienzo para mitigar los daños ocasionados. El Coer de cada región ha demostrado lentitud e ineficiencia, más allá que desde inicios de la década de los noventa del siglo pasado ya existía la Comisión Nacional de Cambio Climático, que debía implementar, ocurrido el desastre natural, programas de reducción y adaptabilidad respectivos. Asimismo, en el año 2017 se crea la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambio que, desde su instalación y reiteradas sustituciones de sus directores, también ha evidenciado su deficiencia e ineficacia en ejecución de obras de infraestructura a la fecha, siendo lo más resaltante y negativo que hasta finales del año 2022 se ha denunciado que habría gastado solamente en servicios de consultoría un aproximado a 4,000 millones de soles de un presupuesto de 25,000 millones de soles, lo que es reprochable del ángulo que se le quiera ver. Se atribuye ese gasto a solventar a los llamados caviares que viven a expensas del Estado sin mayor aporte para el desarrollo y seguridad de poblaciones afectadas; lo que linda con la corrupción, y despreciable su actuar por tratarse de programas sociales orientados a mitigar y dotar de servicios de salud, vivienda, servicios básicos de agua y desagüe, educación, de infraestructura en poblaciones afectadas, como de su seguridad.

La historia del Perú tiene escrito fenómenos similares desde los albores del siglo II y VIII d.C. que provocaron desastres en el norte del país, específicamente donde se desarrollara la cultura Moche, destacándose que construyeron canales y sistemas de drenaje pluvial para utilizar esa agua de lluvias y se aproveche en sus cultivos. Sin embargo, las autoridades de este siglo parecen desconocer nuestra historia e ignoran tales registros, que bien han podido servir para trazar programas de mitigación ante fenómenos naturales con parecidas características. Sobre todo, que la naturaleza deja huella de su paso, por la cual ha de regresar.

Días atrás, el Gobierno ha anunciado la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, para desarrollar acciones a corto plazo que se tomarán ante las intensas lluvias provocadas por el ciclón Yaku, con oficinas en diferentes regiones del país. Es decir, otra medida burocrática, que el solo esperar su implementación y dotación en recursos económicos, humanos y logísticos, hará que la presencia del Estado sea tardía. Entonces, para que están los ministerios involucrados en ejecutar obras de infraestructura que se pretende asignar a esta nueva Autoridad. Denota incapacidad de la gobernante y su gabinete ministerial que hace repensar en un cambio de los mismos. Por una ley no se va a cubrir las necesidades de la población y reconstruir el país, sino con acciones y programas efectivos, de corto, mediano y largo plazo, con visión de futuro, que no la tienen nuestros gobernantes, sino padecen de miopía estadista.

A pesar de los políticos y allegados asentados en Lima, el Ciclón Yaku ha desvelado nuevamente la precariedad del sistema de atención de desastres en el Perú, tratando de resolver los problemas de poblaciones afectadas con funcionarios con escritorios en Lima y desde Lima. Con qué moral se puede aceptar un cargo tan necesario para luego dejar a la deriva su dirección. Cómo es posible que la inversión que requieren las regiones del norte del país no llegue y se gaste en consultorías; sin embargo, afectada la región Capital, todo el aparato estatal se moviliza para su atención inmediata. Eso es discriminación, señora presidenta. Ese proceder debe erradicarse, no debe continuar.

Tanto como las falencias advertidas y nuevamente puestas sobre tapete, queda la labor de la Contraloría General de la República de intervenir en los gobiernos regionales y gobiernos locales, municipalidades, que han permitido la construcción y desarrollo de centros poblados en zonas vulnerables, en lugares no aptos por el peligro que corren al estar al borde del cauce de ríos como de torrenteras con avenidas de huaycos, aunque debiera llamársele lloclla, previsibles. No lejos tenemos en la región Arequipa la inclemencia sufrida por un alud en febrero pasado en el sector de Secocha en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná, que se desarrolla bajo una informalidad innegable y que continúa bajo la complacencia de las autoridades locales.

Se ha evidenciado que esas construcciones se han venido consolidando inicialmente bajo dudosas constancias de posesión otorgadas por autoridades municipales, a cambio de verse favorecidos con votos de estos nuevos pobladores en procesos electorales. Lo peor, que se han efectuado construcciones sin licencia alguna, bajo la complacencia de funcionarios incompetentes y con visos de corruptela. Han permitido y permiten que se habite en tales construcciones sin cumplir el Reglamento Nacional de Construcciones, sin conformidad de obra, prácticamente a espaldas de la normatividad que sí se exige en otros municipios, cuyo ordenamiento legal se hace cumplir en bienestar y seguridad de la población, para no hacer frente a contingencias consecuencia de fenómenos naturales imprevisibles, o que siéndolo, el daño es menor.

Esperemos que la Contraloría, con sus órganos internos de control, determinen el incumplimiento de funciones en gobiernos regionales como municipales, sugieran los correctivos del caso, como se sancione a los responsables en sede administrativa, y de ser seguro el caso, denunciarles ante el Ministerio Público, por ser causantes de daños contra la vida y la salud, la propiedad, como de disponer ilícitamente de recursos del estado destinados para ejecutar obras en zonas de alto riesgo obviando certificaciones de zonificación y de compatibilidad de uso, según corresponda, y en otros casos en áreas sin contar con el saneamiento físico legal debido. Este temerario proceder no debe quedar impune, por el respeto al ordenamiento territorial y seguridad de cada comunidad, que al final compromete la seguridad interna del país.