Por: Erika Romero D.

Auditores fueron contratados por Contraloría para revisar ejercicio fiscal 2021, hallazgos son de conocimiento, desde el 6 de marzo de este año, del actual directorio de la SBA, presidido por Eduardo Juan Manuel García-Calderón Hartley.

AUDITORÍA REVELA DESORDEN Y CAOS FINANCIERO

La actual gestión al frente de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa (SBA) no quiere revelar el estado actual de esa entidad. Sin embargo, un informe de la sociedad de auditoría Gutiérrez, Pinto & Asociados, que revisó los documentos correspondientes al ejercicio económico 2021, demuestra el desorden financiero y legal con el que debe lidiar el actual presidente del directorio, Eduardo Juan Manuel García-Calderón Hartley.

LOS JUICIOS

La examinación documental abarcó los procesos judiciales seguidos en contra de la SBA. Para los especialistas encargados de la evaluación documental resulta importante que el área de Asesoría Legal informe de esos litigios al área contable para conocer si estos afectarán el presupuesto de esa institución.

Se supo que, a diciembre de 2021, la SBA tenía en su contra 144 procesos judiciales. De ese universo, 58 son a propósito de demandas laborales iniciadas por trabajadores de la entidad, 86 casos pertenecen a contenciosos administrativos, de esos 38 casos están activos y sin sentencia. Mientras que 60 ya tienen fallos en primera y segunda instancia. Finalmente, 46 están concluidos, listos para ejecutarse y con requerimiento de pago.

Una vez que tuvieron esa información pidieron a la Gerencia de Asesoría Jurídica que cuantifique los procesos judiciales de acuerdo con su estado procesal y que sean registrados en las cuentas de la SBA. El citado despacho nunca respondió.

También hicieron notar que en el Decreto Legislativo 1411 que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia, específicamente, en el Art. 28 se señala que la defensa jurídica de los intereses de las sociedades de beneficencia la ejerce la Procuraduría Pública del Gobierno Local Provincial de su jurisdicción, conforme a la normativa aplicable.

Y preguntaron a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) sobre los juicios a favor o en contra en los que haya participado defendiendo legalmente a la SBA. Tampoco hubo respuesta.

La recomendación hecha a la Gerencia General sobre el tema analizado fue que la

Gerencia de Asesoría Jurídica coordine Procuraduría Pública de la MPA y se elabore un informe sobre los procesos judiciales en los que es parte la institución auditada y sea enviado a la oficina de Contabilidad antes del cierre de cada año contable.

DEUDA EN ALQUILERES

Otro punto revisado fueron las cuentas pendientes de cobrar que al 31 de diciembre de 2021, alcanzaban los 5 millones 23 mil 892 soles. En esa cifra están considerados los 3 millones 782 mil 647 soles por concepto de cuentas por cobrar de dudosa recuperación, esto último significa que ese dinero puede o no volver a las arcas de la SBA.

Cuando tuvieron la información de los montos adeudados, los auditores advirtieron que hasta diciembre de 2021 y de acuerdo con la data consignada en una plantilla Excel, había alquileres pendientes de cobrar ascendentes a 830 mil 958 soles, pero había otros 351 mil 109 soles que se debían cobrar por el mismo concepto; sin embargo, no se detalló los nombres de los deudores.

Las respuestas de los funcionarios de la SBA para explicar las cifras adeudadas y el retraso en el cobro de alquileres a los inquilinos morosos fueron: que la Oficina de Administración y Gestión Inmobiliaria es la responsable de la administración y gestión de los inmuebles de propiedad de la SBA y esta envía mensualmente al área de contabilidad los compromisos que por concepto de contratos de alquileres de: casa habitación, oficinas, tiendas, etc.

“Respecto a la cobranza dudosa, la oficina de inmuebles clasifica a los deudores que

pasaron de un año de no cumplir con su pago, de esta información contabilidad elabora

la nota de reclasificación. La oficina de inmuebles es la que debe de alcanzar el análisis de los inquilinos tanto de cuentas por cobrar, como la cobranza dudosa”, se detalla en el documento entregado a la presidencia de la SBA, el 6 de marzo de este año.

Para ordenar las cuentas de ese rubro, los analistas sugirieron la elaboración de un Plan de Sinceramiento contable de las Cuentas por Cobrar en la que debe participar la Gerencia de Administración y Finanzas, la Oficina de Contabilidad y la Dirección de Gestión Inmobiliaria, ahora Oficina de Administración y Gestión Inmobiliaria, y se pueda identificar los deudores activos y morosos.

OTRO PUNTOS ANALIZADOS

La sociedad de auditoría Gutiérrez, Pinto & Asociados también halló inconsistencias en cuanto a los montos de dinero que la SBA tiene en sus cuentas bancarias, esto se debe a un error al momento de registrar los recibos de ingresos de dinero. Al consultar por estos desfases recibieron respuestas que les confirmaron la observación, pero el personal de la entidad no pudo precisar respecto a la diferencia de S/114,650.62 que corresponde a diversas operaciones que están pendientes de regularizar al cierre de 2021.

El margesí de bienes de la SBA tampoco se salvó de ser observado por la entidad contratada por la Contraloría. Gutiérrez, Pinto & Asociados pidió a la Dirección de Gestión Inmobiliaria que entregue la relación de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2021.

Así lo hicieron, pero en el listado de no se consideró el valor de los mismos, mucho menos se especificó sobre su situación en los Registros Públicos. Es decir si están inscritos o no.

En buena cuenta, los auditores señalaron que las propiedades de la SBA no cuentan con una data conciliada en detalle y al cierre del ejercicio 2021 no se evidenció la toma del inventario físico de dichos bienes.