Fiscalía allanó domicilio del exjefe del Gabinete Ministerial
— Redacción Diario El Pueblo —
El juez Juan Carlos Checkley Soria dispuso la orden de allanamiento por los presuntos delitos de rebelión y conspiración además de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
ANÍBAL TORRES ACUSADO DE REBELIÓN Y CONSPIRACIÓN
El Ministerio Público allanó el domicilio del exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, ubicado en el distrito limeño de San Isidro.
La diligencia inició entre las 2 y 3 de la madrugada y fue dispuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria. El objetivo sería encontrar información relevante que pueda ayudar con la investigación que se sigue en torno al fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
Según constató el equipo de RPP Noticias, la diligencia finalizó al promediar las 08:40 horas, cuando el personal de la Fiscalía salió de la casa de Aníbal Torres con varias cajas lacradas en su poder. Los representantes del Ministerio Público no dieron declaraciones a la prensa.
LA DILIGENCIA
La disposición judicial respondió al pedido del fiscal supremo provisional, Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios, y no solo sería por los presuntos delitos de rebelión y conspiración sino también por abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La diligencia no solo incluiría la incautación de documentos sino también de tablets, computadoras, laptops, USB, discos duros y todo aparato electrónico en posesión de las personas en el domicilio.
Asimismo, se dispuso el levantamiento del secreto de comunicaciones y acceso a las redes sociales vinculadas a quien fue presidente del Consejo de Ministros entre el 8 de febrero y el 25 de noviembre del 2022.
Cabe señalar que el magistrado Checkely Soria dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía para culminar la diligencia de allanamiento e incautación.
El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pagó la suma de 20 000 soles que se le impuso como caución económica dentro de la investigación preparatoria que se le inició junto al exjefe del Estado, Pedro Castillo, por el fallido golpe de Estado del último 7 de diciembre.
Torres Vásquez depositó este monto en el Banco de la Nación, el pasado 23 de diciembre, a nombre del despacho del juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien le dictó mandato de comparecencia con restricciones en esta investigación preparatoria.
El exjefe del Gabinete Ministerial debía, además, cumplir las siguientes reglas de conducta: no ausentarse de la localidad en la que reside en Lima Metropolitana sin autorización judicial, la obligación de pasar por el control biométrico el último día hábil de cada mes para justificar su actividades, la obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado, y la prohibición de comunicarse con los demás investigados y testigos de este caso.
Torres, en una entrevista que le hizo la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand Guevara, no descartó postular a la Presidencia de la República.
«Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y, si la población quiere que trabajemos juntos, allí estamos para trabajar juntos», manifestó.
Y añadió: «Es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero, repito, no se puede desdeñar la voluntad popular en ese camino».
En diciembre pasado, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó comparecencia con restricciones para el exjefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres en la investigación que se le sigue junto al expresidente Pedro Castillo por presunta rebelión.
Al extitular del Consejo de Ministros se le impuso una caución de 20 000 soles, además de reglas de conducta como la de no poder comunicarse con sus coimputados ni testigos, ni salir de Lima sin autorización judicial.
Se buscan pruebas para el proceso
El magistrado señaló que esta medida siempre es solicitada por el Ministerio Público ante un juzgado con el fin de recabar pruebas que sirvan como sustento para las investigaciones.
La solicitud debe contener información detallada, real y precisa, de modo que el juez pueda calificar si es necesario o no otorgar el allanamiento.
Añadió que, durante este proceso preliminar, es la Fiscalía la encargada de recabar la información necesaria y solicitar tanto impedimento de salida como orden de allanamiento.
“En los casos nuestros, de la Corte Suprema, que vemos casos de altos funcionarios, siempre hay una investigación preliminar, una investigación en la que la dueña es la Fiscalía, la que se toma su tiempo y busca elementos de pruebas, datos, información, en este trabajo la Fiscalía puede ir pidiendo impedimento de salida del país, allanamiento y si el juez considera que son procedentes puede ordenar la medida, si no hay pruebas, proporcionalidad el juez no accede.
Con respecto al allanamiento, precisó que durante esta medida se incautan documentos o bienes que se encuentren en el lugar del afectado y que estén vinculados a la investigación.
