Por: Manuel Bedregal Salas

Desde que se publican datos de gobiernos regionales (MEF 2005) el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha desembolsado por concepto de: Sueldos, salarios, beneficios sociales y contratación de bienes y servicios – mayoritariamente consultorías y servicios profesionales- 16 407 millones de soles. Si, sumamos conservadoramente unos 600 millones por el 2003 y 2004, llegamos a los 17 000 millones de soles. Eso es lo que nos costaron del 2003 al 2022 sus autoridades, funcionarios, asesores y consultores dotados de equipos, muebles, enseres, pasajes, viáticos y útiles de oficina. Si construir un colegio nuevo cuesta alrededor de 2 millones de soles y una posta médica 300 mil soles, podríamos tener hoy más de 8 mil colegios nuevos o 60 mil postas de salud. También podríamos haber financiado dos proyectos Majes-Siguas adicionales en sus dos etapas, es decir, otras 120 mil hás. nuevas en producción. La pregunta es: ¿Ha valido- y sigue valiendo- la pena?

Para algunos, lo positivo de este proceso de descentralización es que permite la consolidación de la democracia a través del surgimiento de grupos y líderes políticos regionales formados en administración pública a la vez que, con aciertos y errores, se vaya construyendo una base de funcionarios públicos experimentados y capaces. Aunque no se conocen evaluaciones en este sentido, lo que queda claro es que los gobernadores, conforme asumieron funciones, incorporaron a “sus funcionarios de confianza” truncando en muchos casos los procesos de aprendizaje de los que estaban haciendo carrera pública, afectando negativamente la gestión. Por otro lado, existe un buen número de funcionarios comprometidos en actos de corrupción que alcanzan a los mismísimos gobernadores. Recordemos que uno de ellos purga prisión preventiva, otro tiene condena por colusión y la ex gobernadora está comprendida en las investigaciones de una millonaria estafa realizada “en banda” por funcionarios nombrados por ella. Entonces, este objetivo no presenta resultados satisfactorios. Por el contrario, pareciera haberse convertido en una nueva fuente de ineficiencia y corrupción.

Otro objetivo del Gobierno regional es coadyuvar al desarrollo ejecutando proyectos estratégicos con mayor efectividad dado que las autoridades, al encontrarse cerca de la población, pueden establecer acertadamente las prioridades. Aquí tampoco se puede mostrar grandes logros dado que los proyectos de impacto están paralizados o con retrasos importantes. Otros han sufrido altos sobrecostos respecto a los presupuestos evidenciando, además, problemas de calidad del bien público que brindan. Lo mismo sucede con el mantenimiento de los activos fijos a su cargo que expresa ineptitud y desidia. Se estima, por ejemplo, que se necesitan 400 millones de soles -hay versiones que señalan un monto muy superior- para “recuperar” la infraestructura mayor de riego del proyecto Majes-Siguas, condición imprescindible para continuar con la segunda etapa. Esto a pesar de la existencia de AUTODEMA, ente técnico adscrito al GRA. Lo que encontramos como “legado” a la fecha, son sobre todo, obras de menor envergadura: postas médicas, escuelas y caminos rurales, así como redes de electrificación y de agua y saneamiento de cobertura específica, todo lo cual pudo haber sido ejecutado sin sobresaltos por las municipalidades y empresas regionales especializadas. Aún así, mantenemos el 30% de nuestras instituciones educativas sin los servicios básicos y el 70% en mal estado según el MINEDU. Ojalá empecemos de una buena vez a sentir el aporte del gobierno regional al desarrollo de Arequipa que justifique lo que nos cuesta -1 612 millones en el 2022 (ver gráfica)-. De las autoridades recién elegidas depende.