Por: Carlos Meneses

Según el Código de Ética Parlamentaria, los congresistas están llamados a demostrar vocación de servicio con el país y su compromiso con los valores.

El Congreso, a través de la Comisión de Ética tiene la responsabilidad de investigar a las cuatro parlamentarias acusadas de recorte de sueldos a sus trabajadores. Ellas pertenecen a las filas de Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

Ya iniciaron investigación a las congresistas de Podemos Perú, Heidy Juárez; de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz y Rosio Torres, y la no agrupada Katy Ugarte.

Asimismo, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar a dos de ellas, como presuntas autoras del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habrían realizado a su personal.

Dichos cobros o recortes arbitrarios los realizaban a través de gente de extrema confianza de las legisladoras, según testimonios de los mismos empleados de los despachos congresales.

Recordemos que la labor congresal debe ser independiente, transparente, honrada, veraz, respetuosa, tolerante, responsable, democrática y debe promover el bien común siempre.Es decir, el ejercicio del poder público para obtención de un beneficio económico o de otra índole, sea para sí o a favor de un tercero, debe ser castigado ejemplarmente.

Esta situación no es nueva o de origen reciente, se conocen de muchos otros casos; debido al mal concepto sobre el significado de personal de confianza. Se cree que aquella persona que conozco pero que casi siempre no reúne las condiciones puede ocupar esos puestos y así los “favorecidos” terminan aceptando el recorte de sueldo por parte de sus jefes a quienes le deben el empleo.

En el Perú hay personas, y para colmo muchas son autoridades, que creen que los recursos públicos son su patrimonio, entonces descuentan y se apropian arbitrariamente del sueldo de sus trabajadores sin escrúpulos, lo cual es una actitud denigrante que vulnera derechos laborales, que merece total rechazo y sanción ejemplar por el Estado.