Por: Dany La Torre

Por cada día que pasa en la región Arequipa, hay dos adolescentes con embarazos no planificados, principalmente a causa de la violencia sexual. Esta situación debe poner en alerta a las autoridades locales y regionales, puesto que aún no se aprueba el plan regional de prevención de violencia hacia la mujer, niñas y niños, aseguró el jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique Linares.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, sólo en el año 2022 hay 1017 casos adolescentes arequipeñas embarazadas. De este grupo, cerca del 95% fueron por casos de violación sexual. En tanto, en lo que va del 2023, hay 125 casos. Esta situación es creciente en los últimos años tras el impacto de la pandemia de la Covid-19, situación que habría provocado una mayor incidencia de enfermedades mentales al interior del núcleo familiar.

“Lamentablemente confluyen varios factores. Estamos en un escenario de post pandemia, donde múltiples sectores y servicios del Estado en su conjunto se han visto restringidos. Nuestras niñas, niños y adolescentes no han ido de forma presencial durante dos años al colegio y quizá estuvieron en un entorno violento en su familia. Además, se suman los problemas de salud mental que propician un mayor incremento en niveles de violencia. También hubo un problema en el abastecimiento de los servicios de salud”, dijo.

Para el funcionario, se necesita trabajar en un plan articulado entre el Gobierno Regional y los gobiernos locales; así como las autoridades del sector educación y salud para hacer frente a esta problemática. Indicó que principalmente debe aprobarse el plan regional de prevención de violencia hacia la mujer, niñas y niños, que incluye fortalecer la estrategia de educación sexual desde el sector educación; mientras que desde el sector salud deben brindarse servicios adecuados para atender a las víctimas de violación.

Así, destacó que en los centros de salud debe contarse con ‘el kit de emergencia’, que incluye atención psicológica y productos farmacéuticos contra infecciones de transmisión sexual o la pastilla del día siguiente para evitar embarazos no deseados.

“Cuando una menor de edad es víctima de violencia, es responsabilidad del personal de salud que se garantice la vida de las adolescentes, que la menor no quede embarazada, que se den retrovirales e insumos médicos que permitan garantizar la vida e integridad”, dijo.