Por: Carlos Meneses

“Estas medidas gubernamentales deben permitir afrontar el problema del hambre para vivir en un mundo más seguro y equitativo, sin desigualdades”.

Los precios de los alimentos a nivel mundial volvieron a bajar en marzo, pero aún se encuentran altos, perjudicando directamente a las personas más vulnerables.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el costo de los productos retrocedieron en 20.5% el mes pasado, en comparación al costo récord que se registró por efecto de la guerra en Ucrania.

En los últimos meses del 2022, la inflación anual de Perú permaneció por encima del 8%, su nivel más alto en 24 años. Alimentos básicos como el trigo, arroz y el aceite de cocina llegaron a costar más del doble.

Asimismo, el año pasado el Perú registró una inflación que ha impactado negativamente en los precios de los alimentos básicos, lo cual ha dejado al país en una situación vulnerable ante la amenaza de la inseguridad alimentaria a causa de factores internacionales.

Por ello, Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica. La principal causa es la tasa de pobreza que alcanza casi a la tercera parte de la población, impidiéndoles cubrir su canasta básica de alimentos.

La inseguridad alimentaria tiene efectos graves para la salud y el desarrollo de las personas, especialmente en los niños. Esto afecta a todos los peruanos, porque genera inflación y demandas de incrementos salariales en producción y servicios, y consecuentemente mayores costos en todos los sectores de la economía.

Entonces, es prioritario que el Gobierno adopte medidas urgentes para evitar una crisis alimentaria. Entre los principales aspectos es necesario fortalecer la lucha contra el hambre como un eje fundamental del desarrollo humano a través de las políticas y programas de sectores tan diversos como la agricultura, sanidad, la protección social o la reinserción económica y la empleabilidad.