Por: Dany La Torre

Una segunda intervención realizó el Ministerio Público junto a un grupo de agentes policiales de la Dirección Contra la Corrupción de Arequipa (DIRCOCOR) en las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La medida se realizó tras revelarse la presunta entrega irregular de puestos de trabajo a diferentes personas que apoyaron en la campaña del gobernador regional Rohel Sánchez.

EN INVESTIGACIÓN INCLUYEN A LOS ALLEGADOS AL GOBERNADOR

La diligencia se realizó ayer en horas de la mañana en la sede principal del Gobierno Regional, mientras Sánchez participaba de las actividades protocolares por el 34 aniversario del GRA en el Centro Histórico de Arequipa. Según fuentes policiales, la intervención se realizó a raíz de las denuncias ‘publicadas en redes sociales’ que están referidas a la contratación y/o designación irregular de personal.

Asimismo, se destaca que otros funcionarios de confianza de Sánchez, ‘estarían exigiendo la contratación de personas que durante la campaña política del actual gobernador regional habrían prestado su apoyo de diferentes maneras’. Así, se habría beneficiado irregularmente a María Barrios, Steven Ortiz, entre otras personas allegadas a la campaña electoral.

En tanto, se conoció que el personal de la DIRCOCOR Arequipa y del Ministerio Público fueron atendidos por la jefa de la Oficina de Administración, Ysoliba Berroa Atencio; así como por la jefa de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Valeria Chipana Quispe. Culminadas las diligencias, los agentes de la Policía Anticorrupción lograron recabar diferente documentación que acreditaría la contratación de diferentes personas en áreas y oficinas del GRA.

Como se recuerda, el pasado 5 de abril se dio una primera intervención por parte de la Fiscalía, la Contraloría y la DIRCOCOR para recoger información sobre presuntos actos irregulares. Esta primera intervención se realizó porque la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia sobre un presunto direccionamiento en la contratación de servicios llevado a cabo por la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa (ARMA). Los hechos involucran al ex consultor FAG del Gobierno Regional, Franco Navarro.

Ante esta situación, el consejero César Huamantuma consideró que era necesaria la intervención del Ministerio Público, puesto que las denuncias vertidas contra la actual gestión regional están basadas en pruebas como chats y testimonios de exfuncionarios, como el exjefe de Logística, Slender.

Del mismo modo, resaltó que se haya comprobado la participación Steven Ortiz La Torre en el GRA, puesto que viene laborando como cotizador y, según los términos de referencia (TDR) de su contrato, laboraría por el plazo de 65 días calendario bajo la modalidad de recibo por honorarios. Su contrato culminaría en unas dos semanas y tendría una remuneración de S/9 mil 600.

“Este señor (Ortiz) tiene un contrato de 65 días con un sueldo de S/9 mil 600, pero sólo es un técnico en computación informática (…) nosotros tenemos asesores legales que les exigimos la mejor formación y ganan S/3 mil y este señor sólo con ser técnico ganas más de S/9 mil”, agregó.

TRAMADO CUESTIONAMIENTOS

Cabe señalar que, según la publicación que realizó un medio de circulación nacional, hay más contrataciones cuestionadas dentro de las que destaca la inclusión de Alfredo Lupo Paredes Vizcarra, ex asesor del excongresista Horacio Zeballos Patrón y cuñado del gobernador Sánchez. Este personaje labora en la dependencia de gobernación con un sueldo de S/8 mil.

Entre otras figuras cuestionadas destaca Esteban Valdez Gárate, quien ingresó a trabajar en el GRA como asesor legal de Ordenamiento Territorial. Valdez fue exfuncionario del expresidente regional Juan Manuel Guillen Benavides y se le cuestiona por apoyar diversas invasiones. En tanto, el ex subgerente de Comercio Exterior y Turismo del alcalde Zegarra y exregidor de la gestión pasada, Carlos Enrique Sánchez Salinas, fue designado como consultor FAG en la Oficina de Gobernación.