— Redacción Diario El Pueblo —

El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva solicitó al Poder Judicial que se anulen los mandatos de ubicación y captura que pesan en su contra a nivel nacional e internacional a raíz del caso ‘Provías Descentralizado – Puente Tarata’.

El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva solicitó al Poder Judicial que se anulen las disposiciones de ubicación y captura que pesan en su contra a nivel nacional e internacional a raíz del caso ‘Provías Descentralizado – Puente Tarata’.

Mediante una tutela de derechos, Silva Villegas también demandó que se anule todo el proceso de investigación preliminar que se le siguió en el Ministerio Público y el Congreso que generó que se le imponga 36 meses de prisión preventiva dentro de este caso.

La defensa legal de Juan Francisco Silva demanda que se declare fundado su recurso para que pueda aportar más pruebas en favor de su inocencia en el caso ‘Provías Descentralizado – Puente Tarata’.

No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada esta tutela de derechos que presentó Silva Villegas el último 22 de marzo, en primera instancia.

Ante ello, la defensa legal de Juan Francisco Silva presentó un recurso de apelación el cual fue concedido por el juez Checkley Soria quien determinó remitir dicho recurso a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que la evalúe en una audiencia a programar con la participación de las partes involucrada afín de emitir una decisión final al respecto a este pedido del exministro de Transportes y Comunicaciones quien está en calidad de no habido por la justicia.

La semana pasada, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, así como comparecencia con restricciones contra el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.

El juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el pedido de la Fiscalía para que el exfuncionario continúe en prisión el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción cometidos en Petroperú y los ministerios de Transportes, así como el de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Según consideró el magistrado, en el caso de Pedro Castillo, la medida está justificada debido a la complejidad de la investigación en contra del exmandatario. Asimismo, indicó que este no cuenta con arraigo domiciliario por lo que existe peligro de fuga.

Se trata de la segunda prisión preventiva ordenada contra Castillo Terrones, quien ya contaba con una anterior por un plazo de 18 meses, ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. No obstante, el juez Checkley consideró que cada medida cautelar impuesta contra el exmandatario es independiente.

En el caso del exministro de Transportes, Juan Silva, el magistrado señaló que le alcanzan los graves elementos de convicción por los diversos delitos que se habrían cometido en dicho sector. Asimismo, señaló que se notifique a la Policía Nacional e Interpol para que se emita una orden de captura internacional al prófugo exfuncionario.