— Redacción Diario El Pueblo —

La audiencia se realizará desde las 10:00 a.m. en la sede del Poder Judicial, ubicada en el Centro de Lima. Desde esa hora, el magistrado Raúl Justiniano también analizará el mismo requerimiento contra los hermanos de la ex primera dama.

El juez Raúl Justiniano evaluará el próximo lunes, 24 de abril, el pedido de la Fiscalía para variar el mandato de comparecencia simple que recae sobre la ex primera dama Lilia Paredes, por el de 28 meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones que se le siguen por el Caso Anguía.

En una audiencia a realizarse desde las diez de la mañana en la sede del Poder Judicial, ubicada la avenida Tacna, en el Centro de Lima, el magistrado también analizará el requerimiento fiscal para que imponga la misma medida contra David y Walter Paredes Navarro, hermanos de la esposa del exmandatario Pedro Castillo.

El juez Justiniano Romero dispuso que Lilia Paredes, quien se encuentra bajo asilo político en México, y sus hermanos participen en esta audiencia de manera virtual.

En tanto, el magistrado determinó que el fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder, y los abogados de los investigados participen de forma presencial en esta audiencia de carácter “inaplazable”.

RECHAZO

El pasado 29 de marzo, el juez Justiniano declaró improcedente un primer pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes y sus hermanos, tras considerar que el Ministerio Público debió solicitar la variación de la comparecencia simple y no demandar de frente la medida de prisión preventiva, dejando abierta la posibilidad de que la Fiscalía pueda hacer un nuevo requerimiento en este caso.

Según la tesis fiscal, Yenifer Paredes, cuñada del expresidente, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y otros personajes integraron una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenía como campo de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas.

En dichas regiones, se habría favorecido a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.