Por: Andrés Delgado Cáceres, asociado senior del Estudio Muñiz.

Históricamente, la recaudación en el Perú ha sido siempre baja, considerando el monto que se recauda y su vinculación al Producto Bruto Interno (PBI). Conforme a la base de datos de la OECD[1], en 1990, solo el 12% del PBI del país provenía de la recaudación de impuestos. Diez años después este monto subió al 15% y en 2010 ascendió a 17.8%. Sin embargo, en 2020 este monto retrocedió nuevamente al 15.2% comparado al promedio de esta organización que asciende a 33.6%. Estas cifras nos dejan varias interrogantes vinculadas a la razón por la cual en nuestro país se recauda tan poco y si existe realmente una cultura tributaria.

El Banco Central de Reserva del Perú ha reportado que en el presente año ha incrementado la recaudación por impuesto a la renta en un 13.7% comparado al año 2022 para los meses de enero y febrero. Esto podría darnos la impresión que las personas están declarando sus ingresos y aportando al país, pero en realidad estas cifras reflejan el incremento en las acciones de fiscalización que ha iniciado la administración tributaria para identificar, cuestionar y recaudar mayores ingresos a las personas, tanto naturales como jurídicas en el país. Es decir, solo pagamos porque nos persiguen.

Debemos recordar que el pago de impuestos es un deber que tenemos como ciudadanos y empresas, y es fundamental para el funcionamiento de un país. A través de los impuestos, los gobiernos pueden recaudar los recursos necesarios para brindar servicios públicos y llevar a cabo proyectos que benefician a toda la sociedad. Los ingresos corrientes que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas son los que provienen de los recursos tributarios recaudados por concepto de renta, importaciones, impuesto general a las ventas, impuesto municipal, impuesto selectivo al consumo; así como de otros ingresos no tributarios por concepto de tasas, contribuciones, donaciones y recursos propios[2].

En tal sentido, el pago de impuestos es fundamental para financiar el gasto público y garantizar la provisión de servicios básicos como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura. Estos servicios son esenciales para el desarrollo de una sociedad y su bienestar general, y no podrían ser financiados sin el aporte de los ciudadanos y empresas a través del pago de impuestos. ¿Cómo podemos exigir mejores servicios públicos si no aportamos para ello? ¿Qué tipo de transporte público o servicio de salud queremos si no nos sumamos?

Por ejemplo, los impuestos que se recaudan a través del impuesto a la renta se utilizan para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país. Asimismo, el impuesto predial contribuye al financiamiento de obras públicas y al mejoramiento de los servicios básicos en las municipalidades. Si no se pagaran estos impuestos, el gobierno no tendría los recursos necesarios para llevar a cabo estas acciones y, por ende, la calidad de vida de la sociedad se vería afectada.

Además, el pago de impuestos es un acto de justicia. Los mejores sistemas tributarios no son aquellos que cobran más ni que persiguen más al contribuyente sino son aquellos que precisamente se perciban justos. Para llegar a esta percepción, debemos considerar que debe existir sobre todo una proporcionalidad entre lo que se nos está cobrando y los ingresos que se tiene para ello. Estamos entonces frente al concepto de capacidad contributiva que vincula estas variables.

En sistemas tributarios avanzados, los impuestos se enfocan en la recaudación de los ciudadanos y/o empresas más pudientes quienes contribuyen más al financiamiento de los servicios públicos y proyectos de desarrollo, lo que permite reducir las desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto se logra porque los ingresos de estos contribuyentes permiten tener una base ancha de recaudación. Sin embargo, en nuestro país, esta situación es diferente porque este grupo es más reducido y por lo tanto la recaudación se centra en los bienes de consumo (por ello el IGV en el país es del 18%) que tienen la potencialidad de ampliar la base tributaria.

Por otro lado, los impuestos son un mecanismo de financiamiento público que evita la dependencia del gobierno de intereses privados o de la emisión de deuda pública. De esta manera, los ciudadanos pueden confiar en que el gobierno tiene los recursos necesarios para tomar decisiones en función del interés público y no de intereses particulares, situación que nos afecta y que se manifiesta en los diferentes actos de corrupción derivados de la gestión de intereses particulares al momento de gobernar.

En conclusión, el pago de impuestos es fundamental para el bienestar de toda la sociedad. Contribuye al financiamiento de servicios públicos esenciales, al fortalecimiento de la justicia y la democracia, y tiene beneficios a nivel personal y empresarial. Por tanto, el cumplimiento de las obligaciones tributarias es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y empresas, y es un acto de compromiso que debemos honrar todos juntos, con miras a tener un mejor país.