Por: Dany La Torre

Casi el 80% de las alertas de control por situaciones adversas emitidas por la Contraloría General de la República en este año no fueron atendidas oportunamente por las entidades públicas de Arequipa. El gerente regional de Control, Hugo Ponce Cámara, señaló que esta situación amerita una nueva evaluación para determinar posibles perjuicios como mal uso de los recursos o paralización de las obras donde se identifiquen responsabilidades.

Según el ‘Velocímetro de Control de la entidad’, en lo que va de este año, se han realizado 223 servicios de control concluidos. De esta cifra, 154 corresponden a control simultáneo, 68 a control posterior y 1 a control previo. Además, se conoció que otros 135 están en proceso, de los cuales 123 están en control simultáneo y 12 son de control posterior.

Como resultado de los servicios de control simultáneo, se identificaron 425 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan. No obstante, Ponce advirtió que en unas 339 situaciones adversas (80%) no se adoptaron acciones correctivas por parte de las autoridades locales. En tanto, se reportó que solo 36 (8%) han sido corregidas; 33 (8%) están en proceso; 13 (3%) no se han corregido y 4 (1%) fueron desestimadas.

«Nosotros alertamos sobre estas situaciones adversas para que se pueda evitar un mal uso del recurso, una mala prestación del servicio público, por ahí que la entidad salga ganando y se pueda cuidar de alguna manera al funcionario público. Por ejemplo, si yo te digo que la puerta está abierta y pueden entrar a robar, lo que te toca es cerrar la puerta, eso es precisamente una situación adversa, revisamos situaciones que pueden ser objeto de corrupción», refirió.

Continuó: «Son 339 diversas situaciones adversas, algunas están relacionadas a la ejecución del proyecto, otras son por temas de los procesos de contratación de personal, son varios servicios de control que hacemos (…) Por eso yo apelo a la buena voluntad de las entidades a fin de que puedan disponer las acciones que correspondan para subsanar esas situaciones adversas que comunicamos, pero que no tuvieron atención alguna por parte de la administración de estas entidades», dijo.

En ese sentido, Ponce lamentó que las entidades públicas no hayan respondido oportunamente con las acciones correctivas ante las situaciones adversas alertadas. Recordó que los casos que no hayan sido atendidos, serán evaluados nuevamente y, de detectar perjuicios como mal uso de los recursos o paralización de las obras, se ejecutará un nuevo servicio de control posterior, donde se identificarán responsabilidades en determinados funcionarios públicos.

Cabe señalar que, de acuerdo a Ponce, esta situación también se presentó durante la gestión pasada, por lo que se percibe una ‘desidia recurrente de las autoridades mistianas para atender esta problemática’. «Es un mal inicio de gestión», dijo.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Ayer, en el resumen del trabajo de la Contraloría en los primeros meses del año, se destacó algunos informes. Así, se consideró la acción de Oficio Posterior N° 014-2023-2-5334 a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa que identificó a un proveedor impedido de contratar con el Estado, al cual se contrató para dar servicios a la entidad.

Asimismo, se han detectado situaciones adversas en la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas en Horacio Zeballos en el distrito de Socabaya; en la obra de carretera Ocoña – Piuca en la provincia de Camaná; en la edificación de la represa Arhata en la provincia de Condesuyos, entre otros proyectos en las ocho provincias de la región.

Entre otros casos, se mencionó la paralización de la obra en la Institución Educativa N° 40472 Carlos M. Febres, distrito de Mollendo provincia de Islay, Arequipa II Etapa, que inició su ejecución en el año 2021, pone en riesgo la integridad física de los estudiantes y docentes, los cuales vienen desarrollando sus actividades escolares en circunstancias que no brindan las condiciones técnico pedagógicas ni la seguridad requerida.