La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional planteada en contra de la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las recientes protestas sociales desarrolladas en el país.

EN SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

Fueron 11 los congresistas que votaron a favor del informe de calificación en el que se planteaba declarar improcedente el recurso, mientras que otros cinco se pronunciaron en contra de ello. Tres legisladores se abstuvieron.

El recurso fue interpuesto por la parlamentaria Ruth Luque (CD-JP) quien incluyó también en su denuncia al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al actual titular del Gabinete, Alberto Otárola; al exministro del Interior, César Cervantes, y al exministro de Justicia, José Tello.

El parlamentario Edgard Raymundo (CD-JP) planteó una cuestión previa para que se vuelva a analizar la denuncia y se redefina el informe de calificación sobre la misma.

Argumentó al respecto que en el análisis mencionado no se tomó en cuenta al informe que sobre las protestas en Perú diera a conocer esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su pedido no prosperó.

ARGUMENTOS EXPUESTOS

En el informe se indica que durante el periodo que es materia de la denuncia constitucional se produjeron diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública. También se recuerda que existe un marco legal para el accionar de las fuerzas militares y policial durante los estados de emergencia.

Se indica que los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del año pasado hasta febrero del año pasado se encuentran en proceso de investigación en el Congreso y en el Ministerio Público, por lo cual no se define aun la responsabilidad de algún funcionario en ellos.

Se señala en ese contexto, que al no determinarse en la denuncia fehacientemente si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes militares y policiales, ni demostrarse que esto habría sido conocido por los funcionarios denunciados, no podrían establecerse responsabilidades en ellos, como se plantea en la denuncia.

Del mismo modo, se indica que no procede acusar a los funcionarios denunciados por las opiniones que vertieron sobre las protestas y su probable financiamiento, ya que opinar no constituye delito.